A punto de sonar la campana que cierra la primera legislatura del nuevo gobierno, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras. Los artículos que parecían iban a ser la manzana de la discordia y amenazaban con el naufragio de la iniciativa fueron superados sin mayores inconvenientes. El proyecto incluyó a los afectados por acciones de agentes de Estado en el concepto general de víctima, la viabilidad fiscal de la norma y se estableció que cobijaría a los hechos posteriores al 1° de enero de 1991.
Precisamente, el hecho de que la iniciativa no incluyera a víctimas de la década de los 80 fue el tema que tensó la discusión. Los parlamentarios del Polo Democrático se negaron a llegar a un acuerdo y abandonaron la sesión. “Dejar por fuera a víctimas de los años 80, entre ellos a las de la Unión Patriótica, es un grave desconocimiento del derecho a la reparación y una falta a la verdad histórica. Es un tema sustancial, ya que los grupos paramilitares se formaron en esta época, ocurrieron las primeras masacres y fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales”, advirtió Iván Cepeda, vocero de dicha colectividad.
Otro de los temas aprobado sin mayores contratiempos fue el de la viabilidad fiscal del proyecto, que en un principio buscó ponerle topes a la reparación, pero que poco a poco fue negociado hasta dirigirlo más a las disposiciones para la financiación que a los límites en los derechos de los sujetos de la ley, poniendo especial énfasis en la persecución de los bienes producto del narcotráfico. Lo mismo sucedió con la reparación a las víctimas de agentes del Estado, quienes fueron incluidas en la definición de víctima y para quienes aplicará también la reparación por vía administrativa. Por otra parte, los familiares de miembros de grupos armados ilegales no serán considerados víctimas y quienes hayan sido reclutados forzosamente deberán haberse desmovilizado antes de cumplir los 18 años si quieren ser cobijados por el proyecto.
“Creo que se aprobaron los principios esenciales de la ley, todos emanados de la jurisprudencia internacional y de la misma Corte Constitucional. En materia de igualdad, restitución de tierras y garantías judiciales, el concepto de víctimas es amplio e incluyente. Yo diría que, infortunadamente, la fecha que se adoptó —la de 1991— no es la ideal. Es el sinsabor que nos deja, sobre todo por las víctimas de la mitad de la década de los 80”, concluyó por su parte el representante Guillermo Rivera, ponente de la ley.