A endurecer las condenas a conductores ebrios

El senador Carlos Eduardo Merlano, el empresario Juan Carlos Varela y el secretario de Tránsito de Turbaco Modesto de la Cruz Carrasquilla. /El Universal, KienyKe

Según la Secretaria de Movilidad de Bogotá, en lo corrido de este año se han presentado 283 accidentes causados por conductores ebrios. Cifra que, sumada a los últimos percances registrados por este mismo motivo, ha abierto el debate sobre las condenas que reciben aquellos sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez. Por esa razón, este 20 de julio se volverá a presentar en el Congreso una iniciativa que busca que la excarcelación, la casa por cárcel y las condenas cortas, sean un imposible para este tipo de infractores.

La representante a la Cámara Gloria Stella Díaz es la promotora del proyecto de ley que busca fortalecer las penas para quienes hayan ingerido alcohol antes de ponerse al volante. Aunque la iniciativa ya se hundió una vez, la parlamentaria cree que éste es un buen momento para hacerlo porque “hay que terminar con el mensaje de impunidad. Ahora la sociedad está sensibilizada y la gente está muy receptiva”.

Dicha "sensibilización" podría ser el resultado de casos como, por ejemplo, en el que hace tan sólo ocho días el empresario vallecaucano Juan Carlos Varela mató a tres motociclistas con su auto mientras conducía en presunto estado de embriaguez en la vía a La Calera y un par de meses antes, el caso del senador Carlos Eduardo Merlano causó polémica e indignación en el país. Merlano fue parado en un retén de Policía y no sólo se negó a hacerse la prueba de alcoholemia aduciendo su estatus como parlamentario, sino que también le pidió a los patrulleros que realizaron el control que llamaran a su superior. Por este motivo, Merlano está siendo investigado por presunto tráfico de influencias.

Y Merlano no ha sido el único. En un caso paradójico el propio secretario de Tránsito de Turbaco (Bolívar) Modesto de la Cruz Carrasquilla fue sorprendido por las autoridades mientras manejaba tomado. Carrasquilla si bien se disculpó, puntualizó que “no estaba tan borracho como lo quisieron mostrar en los medios”. Y en la madrugada del pasado domingo, René Rodrigo Garzón el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bucaramanga también entró a la vergonzosa nómina. A Garzón le inmovilizaron el vehículo por conducir bajo los efectos del alcohol.

El Código Penal actual estipula que por homicidio culposo (como usualmente se tipifica este delito) se puedan pagar un mínimo de dos años de prisión y un máximo de seis. Sumado el agravante, la pena podría ascender hasta el doble del fallo. Claro que, dependiendo del juez, del caso y con las varias rebajas que contempla la ley, la condena puede ser excarcelable o pagarse como detención domiciliaria.

El proyecto de la parlamentaria será presentado justo después de conocerse la condena que tendrá que pagar Frank Alexander Rodríguez, el hombre que en octubre del año pasado mató a Diego Alexánder Hernández Báez de tan sólo 11 años, al atropellarlo mientras conducía borracho. El juez octavo de conocimiento lo sentenció a cinco años de prisión.

La sentencia, que fue considerada “ínfima” por el abogado de la familia del menor, se asemeja a la que recibió el abogado Fernando Abello España. El jurista fue condenado a cuatro años de prisión luego de atropellar, mientras estaba ebrio en 2010, a seis personas y produjo la muerte a una, la señora Zoila Rosa Pardo de 53 años. Después del terrible accidente Abello quiso advertirle a los conductores que no siguieran su ejemplo. Visiblemente afectado afirmó: “mírenme a mí, miren lo que le hice a estas familias”. No obstante, los casos de conductores borrachos siguen siendo el pan de cada día.

No es un hecho, sin embargo, que este proyecto de ley sea aprobado. La última vez fue archivado por una votación de 45 contra 44 representantes, y los opositores de la iniciativa creen que llenar las cárceles con más personas, con la seria problemática de hacinamiento que éstas enfrentan, no es una buena idea. El Consejo de Política Criminal criticó en su último informe el "populismo punitivo", que no es otra cosa que aumentar las penas sobre crímenes que en el momento conmueven a la sociedad. Para un grupo significativo de congresistas, aumentar las penas no sirve de nada si no hay establecimientos carcelarios en los cuales se pueda cumplir el propósito por el que existen: rehabilitar.