Explotación minera acabaría con sustento de 300 mil familias

El experto en temas ambientales, Daniel Quintero, presentó la propuesta para que no se afecte la explotación minera artesanal por esta 'locomotora'.

En medio del desarrollo de la minería que está buscando el Gobierno Nacional en el país, desde varios sectores de la academia han pedido este jueves que el nuevo Código Minero que será radicado en el Congreso de la República blinde a las familias que dependen de ese negocio.

Desde varios sectores de la academia advierten que la ‘locomotora’ podría terminar atropellando a 300 mil familias que durante más de 50 años han subsistido de la explotación artesanal. Por eso, piden que se implementen mecanismos para que la llegada de multinacionales no ocasione borrar del mapa laboral a esta comunidad.

Daniel Quintero Calle, magister en Administración de Negocios del Boston University y experto en temas ambientales, llamó al Gobierno y al Congreso a blindar a estas familias ubicadas en 328 municipios para que puedan desarrollar la minería de forma artesanal.

Además, entregó tres propuestas con respecto a no suscitar una crisis en estas familias. La primera es que el nuevo Código Minero incluya como requisito para las grandes empresas de este sector, en su mayoría extranjeras, una cuota de empleo en mano de obra no calificada.

“Consiste en que 75 de cada 100 puestos de trabajo sean otorgados a personas de la región. La multinacional que adquiera ese compromiso será mejor calificada", explicó Quintero Calle.

Según él, los esfuerzos que actualmente hacen en este campo las multinacionales no son suficientes.

"La generación de empleo en la minería es baja, entre 2004 y 2011 en el sector minero sólo se crearon 8.000 empleos, el desempleo en municipios mineros es cercano al 50 por ciento, de acuerdo con cifras de Sintraminercol”, señaló en un informe que alista para presentar en el Capitolio Nacional.

La segunda medida que a juicio de Quintero debe incluir el nuevo Código Minero tiene que ver con la democratización de las empresas. En otras palabras, que incluyan a estas familias como accionistas.

"El 'techo' de participación lo determinará el Gobierno, pero oscilaría entre el 5 y el 10 por ciento. Ese punto sería calificado a la hora de otorgar o revalidar los títulos. La medida es fundamental para garantizar que el país sea quien obtenga los beneficios de este boom minero y que esta locomotora del gobierno contribuya a un desarrollo incluyente sostenible. Hoy, una tercera parte del país esta concesionado para actividades mineras, y en su mayoría, los títulos los tienen multinacionales", indicó.

La tercer propuesta del experto se refiere a que estas grandes multinacionales mineras paguen un 'impuesto verde y traten el agua con que realizan la actividad’.

"Vemos a diario cifras millonarias de ganancias para las multinacionales así como proyecciones de producción cercanas a los 54.000 millones de dólares para el 2021, pero eso no se refleja en los municipios mineros. De nada ha servido que en los últimos ocho años el valor de la tonelada de carbón se haya casi que duplicado (de 90 a 160 dólares la tonelada), o que el precio del oro haya llegado a niveles récord (de 700 a 1.800 dólares la onza). Al país de todo este auge económico sólo le queda el 20%, una cifra que ronda los 6 billones pero que se reducen a 3.5 por políticas de promoción de la inversión extranjera. Las empresas mineras gracias a esta política de estímulo a la inversión ni siquiera están pagando el 33 por ciento del impuesto de renta. Ese impuesto verde ayudaría a cambiar esta realidad y sería destinado directamente a los entes territoriales e incluso se promovería que tengan la destinación específica de generar empleo", agregó.

Este paquete de medidas también será planteado por Quintero en una carta que será enviada al ministro de Minas, Mauricio Cárdenas Santamaría.

"No se puede dejar abierta la más mínima posibilidad de que estas 300 mil familias terminen engrosando las cifras de desempleados y desplazados de Colombia. Recordemos que, según Sintraminercol, el 87 por ciento de los desplazados proviene de municipios. El nuevo Código Minero debe ser para mejorar esa situación, no para empeorarla", explicó.