Errores de concejales en Villavicencio

Esta fue la reacción de dos de los concejales de Villavicencio al conocer la decisión de su suspensión. /Óscar Bernal

Sacando cuentas. Así están los políticos y habitantes de Villavicencio luego de que la Procuraduría Regional del Meta decidiera suspender e inhabilitar a los 19 concejales de la ciudad por haber elegido como contralora a Luz Victoria Leal, quien estaba impedida para tal dignidad porque sobre ella pesaba una sanción por detrimento fiscal que le impedía desempeñar cargos públicos.

¿Quién legislará en la ciudad ahora?, ¿quién se encargará del control fiscal ahora que Leal también fue destituida?, ¿cuál es el costo que la decisión tiene en cuanto al retraso en la toma de decisiones sobre temas de ciudad?

Estas y otras preguntas comenzarán a tener respuesta esta misma semana, cuando la Procuraduría General aborde el estudio del recurso de reposición que desde primeras horas de hoy viernes anunciaron los cabildantes afectados.

Si se mantiene la decisión de primera instancia, las curules quedarán en manos de los siguientes en las listas presentadas a las pasadas elecciones de concejo por parte de los partidos políticos a los que pertenecen los concejales destituidos. Pero si, por alguna razón estos deciden no hacerlo –o no pueden- vendrán problemas mayores. La organización electoral tendría que agendar en su calendario de elecciones atípicas un cronograma para que Villavicencio vaya de nuevo a las urnas y escoja otro concejo, proceso que no tardará menos de tres meses, pues eso es lo que dura la sola campaña electoral propiamente dicha (inscripción de candidatos, impresión de tarjetones y demás procesos logísticos).

Ese es el verdadero problema para la ciudad. Por falta de concejos algunos alcaldes han terminado en la cárcel, señalados de usurpar funciones de los cabildantes ausentes. Ocurrió muchas veces desde los años noventa. Especialmente en los sitios afectados por el conflicto interno armado. En Vistahermosa, Meta, por ejemplo, durante la vigencia de la zona de distensión de San Vicente del Caguán, fue famoso el caso de un alcalde que prefirió renunciar antes de ir a la cárcel porque no tenía concejo municipal. Los titulares renunciaron en masa por orden de la guerrilla y los suplentes tampoco quisieron asumir. Como no había cabildo, al alcalde le aconsejaron decretar las normas que dejó de expedir el concejo. Pero le dio miedo incurrir en prevaricato y abandonó el cargo.

Eran tiempos de renuncias en masa, en los que los titulares de la prensa internacional señalaban a Colombia como un estado fallido, pues las instituciones no podían hacer presencia en muchas regiones. Con el paso del tiempo, dichas presiones menguaron –aunque no desaparecen- y son más de carácter individual o partidista. Se amenaza a los cabildantes de una colectividad política, pero no a toda la duma.

Édgar Polo, director ejecutivo de la Federación Nacional de Concejales (Fenacón), sostiene que de los 12.242 miembros de ese colectivo, el 10% sufre presiones de los grupos ilegales. La mayoría son de Cauca, Caquetá, Putumayo, Huila, Tolima, Cesar y Bolívar, pero siguen legislando. Y si algunos de ellos se han ido, sus lugares son ocupados por quienes siguen en la lista de elegibles.

La acción de la justicia y los organismos de control también ha ayudado a que haya sillas vacías en los concejos del país. El más reciente caso había sido el de Floridablanca, Santander, en junio pasado. Allí, la Procuraduría Provincial también destituyó e inhabilitó a 19 concejales del periodo 2008-2011. La diferencia entre ese caso y el que hoy tiene en controversia a Villavicencio es que en el de los santandereanos sólo nueve de los sancionados ejercían el cargo de concejales en el momento de la decisión (habían sido reelegidos) y por ende el concejo no fue removido en su totalidad. Reelegidos o no, quedaron con inhabilidad de 10 años –también apelable ante la Procuraduría general- por aprobar una prima técnica al exalcalde Eulises Balcázar Navarro, hecho que, según Vanguardia Liberal, le significó un incremento del 50% en su sueldo.

Los concejales de Villavicencio –como los de Floridablanca- alegan hoy haber actuado de buena fe. Dicen que eligieron a la Contralora basados en los documentos que ella presentó para sustentar su trayectoria y que jamás fueron informados de la inhabilidad. Pero no les creyeron. Al menos en primera instancia.

Habrá que ver si el Procurador General, Alejandro Ordóñez, sí encuentra sustentada dicha defensa. No hay que olvidar que en ocasiones anteriores él ha echado para atrás decisiones sobre casos similares, como el de 11 concejales de Toledo, Norte de Santander, quienes habían sido destituidos por elegir a una funcionaria inhabilitada. Lograron volver a sus curules argumentando que desconocían dicho impedimento cuando votaron por ella. En Montería hubo otro caso similar, pero la sanción de primera instancia se mantuvo para 18 de los 19 concejales investigados. ¿Qué pasará ahora?