En marcha proyecto de marco legal para combatir a las bacrim

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El Congreso de la República puso en marcha el proyecto de ley que establece un marco legal especializado para el combate de las Fuerzas Armadas a las bandas criminales (bacrim).

Este miércoles será radicada la iniciativa que fija reglas claras para que el Estado pueda utilizar toda la capacidad de sus tropas en contra de esas organizaciones.

Por tratarse de delincuencia común, en la actualidad, las operaciones castrense se ven limitadas pues muchos uniformados podrían terminar procesados judicialmente.

El promotor de la iniciativa, el senador Juan Lozano Ramírez, dijo que "no podemos seguir con los brazos cruzados frente a este fenómeno, ni podemos tampoco, ingenuamente, condenar a nuestros compatriotas a que las Bacrim o cualquier banda criminal organizada, hoy o mañana siga ejerciendo su poderío criminal sin una respuesta eficaz del Estado".
 
"El presente proyecto busca habilitar al Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Armada Nacional para que puedan combatir los grupos criminales, armados y organizados", explicó.
 
Además, según Lozano, está claro que las bacrim y las organizaciones criminales análogas son expresión sofisticada de la delincuencia común, vinculada en la gran mayoría de los casos con el narcotráfico y actividades ilegales, y que no las anima ningún propósito ideológico. 

"Son organizaciones criminales. Por esa razón, dada su naturaleza, no son sujetos directos del Derecho Internacional Humanitario. Ni deben serlo", señaló.

OBJETO DEL PROYECTO
 
Por lo anterior, el presente proyecto de ley busca habilitar a las Fuerzas Militares para que en virtud del cumplimiento de sus deberes constitucionales, de mantener la integridad del territorio nacional, defender el régimen constitucional y salvaguardar la soberanía nacional de amenazas internas, use todo su accionar en el enfrentamiento de uno de los mayores flagelos generadores de violencia que azotan a la Nación, como son las acciones criminales realizadas por estructuras armadas que aunque ajenas a la aplicación directa del Derecho Internacional Humanitario, ocasionan una destrucción tal y representan una amenaza capital que requiere el uso infranqueable de la fuerza militar con el fin de defender  los derechos a la libertad, la paz, la vida y honra de los nacionales.
 
Es obligación irrenunciable del Estado colombiano salvaguardar la integridad de la Nación y proteger el Estado constitucional contra cualquier amenaza que limite los derechos fundamentales de los colombianos, lucha que no puede entenderse sin las Fuerzas Militares como aliadas de defensa del orden constitucional que constituye el pilar fundamental de una Nación libre.
 
Como ya se ha dicho en los últimos años, el Estado ve como la actividad delincuencial de algunas organizaciones delictivas ha venido creciendo de manera desmesurada y junto con ello, el poder de daño de los grupos criminales ha venido en ascenso, por lo que se requiere contrarrestar sus acciones ilegales y violentas mediante el uso de estrategias y operaciones que anulen su poder destructivo.
 
Uno de los deberes fundamentales del Estado colombiano es mantener la seguridad como un bien común y un derecho de la sociedad, que redunda en el progreso de la Nación. Por ello es necesario que el territorio nacional no sea flanqueado para consumar acciones que atentan contra la vida, la salud, la libertad, la integridad física y el patrimonio de los nacionales. En este orden, la seguridad de los colombianos integra no sólo la protección física y moral de las personas individualmente consideradas, sino que incluye un concepto más amplio referido a la protección y progreso de una sociedad.
 
No obstante lo anterior, durante buena parte del siglo XX la Nación vivió un clima de inseguridad generalizado que hacia muy difícil el crecimiento económico del país y el bienestar social de los colombianos, ello debido a una presencia estatal débil en las zonas rurales que permitió el auge de los grupos armados ilegales quienes encontraron en estas zonas, condiciones aptas para ejercer su poder criminal, incubando la violencia frente a sus habitantes, como medio de presión para obtener resultados económicos, producidos por uso de cultivos ilícitos, producción de droga, secuestros y captura de las rentas públicas entre otros muchos actos punibles justificados con banderas políticas o lucha armados.