Crisis carcelaria: sin solución a la vista

De acuerdo con el informe, cárceles como La Modelo, el Buen Pastor, Villa Hermosa y Bellavista tienen niveles de hacinamiento superiores al 200%.

El Congreso de la República y el Ministerio de Justicia comenzaron a buscarle salidas a la aguda crisis carcelaria que atraviesa el país y que según el senador Luis Carlos Avellaneda, se ha convertido en una “verdadera bomba de tiempo” que en caso de estallar tendría incalculables consecuencias.

En un debate de control político realizado en la Comisión Primera del Senado, en el que participó la ministra del ramo, Ruth Stella Correa, fue denunciado el pésimo estado de la infraestructura carcelaria, la violación de los derechos humanos de los reclusos, la inasistencia en salud y los altos niveles de hacinamiento, además de la necesidad de definir los lineamientos de una política criminal para superar tantos problemas.

Según el informe de investigación presentado por Avellaneda, en Colombia hay 111.500 personas privadas de la libertad. La situación más crítica de hacinamiento se vive al interior de la cárcel La Picota en Bogotá, la cual tiene una capacidad para 2.000 reclusos pero que en la actualidad tiene una población de 9.028. Otras cárceles como La Modelo, el Buen Pastor, Villa Hermosa y Bellavista tienen niveles de hacinamiento superiores al 200%.

Ante el anuncio por parte del Gobierno de la creación de seis mega-cárceles para contrarrestar a mediano plazo la crisis, el congresista señaló que los 26.000 nuevos cupos estimados para 2014 son insuficientes, teniendo en cuenta que 70.000 personas seguirían siendo ‘presas’ de la sobrepoblación.

“La crisis no debe tener un solo enfoque. La política pública criminal debe ser coherente”, manifestó Avellaneda, quien le propuso a la ministra Correa darles la libertad a aquellos internos que han cumplido con las dos terceras partes de la pena y ofrecer el beneficio domiciliario a quienes tengan el 50% de la pena cumplida.

Bajo esta línea, el senador también propuso liberar a quienes padezcan de enfermedades terminales, a los internos mayores de 65 años y a aquellos que han cometido delitos excarcelables como hurto, ventas de estupefacientes al menudeo y delitos menores sin reincidencia.

Una de las denuncias que corroboró el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, durante el debate es que cerca de 130 niños viven en las cárceles junto a sus madres. Al respecto, se pidió considerar la suspensión de la pena a las mujeres en estado de embarazo y a las madres cabeza de familia con niños menores de 12 años.

Otros puntos centrales del debate fueron la corrupción y las deficiencias en la prestación del servicio de salud intramural. Según la ministra de Justicia, actualmente se han interpuesto alrededor de 4.000 tutelas por la inasistencia en este derecho fundamental.

Por esto, la funcionaria anunció que desde su cartera se está ejecutando un proyecto que permitiría la afiliación de los reclusos a una EPS del orden nacional diferente a Caprecom. Igualmente informó que el Ministerio está estudiando la posibilidad de crear un sistema nacional de salud penitenciaria para brindarle atención de primer nivel a la población reclusa.

Al cierre del debate, la ministra Ruth Stella Correa reiteró que el Gobierno diseñó recientemente un comité asesor para modernizar la infraestructura carcelaria y alivianar los altos índices de hacinamiento.

Sin embargo, los senadores Avellaneda, Armando Benedetti y Juan Carlos Vélez manifestaron que esta medida no es suficiente y pidieron con urgencia la creación de una política penitenciaria y carcelaria integral para buscar soluciones de fondo a un problema que, a diario, atenta contra la dignidad de los reclusos. Al final, pese a las graves denuncias, la sensación que quedó es que el país está todavía muy lejos de superar la crisis penitenciaria.