¿Golpe a la reelección?

Procurador General, Alejandro Ordóñez recibirá el apoyo de las bancadas de la Unidad Nacional. / Archivo

En el más paradójico de los mundos. Ahí está la intención reeleccionista del procurador Alejandro Ordóñez, ternado por la Corte Suprema de Justicia para que repita periodo y quien parece contar ya en el Congreso con los votos necesarios para lograrlo, pero blanco al mismo tiempo de críticas en sectores sociales que consideran que su gestión no ha cumplido con el deber de velar por los derechos humanos.

Prueba de los efectos de semejante contradicción es que mientras el Jefe del Ministerio Público saca cuentas acerca de los sectores que lo apoyarían (como mínimo iría con los conservadores y el Partido de la U, y está a la espera de que se oficialice el respaldo liberal) dos de sus escuderas acaban de renunciar como consecuencia del debate que se armó tras un fallo de la Corte Constitucional que las obliga –a Ordóñez también- a rectificar sus declaraciones y comunicados acerca del aborto y los anticonceptivos.

Se trata de Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para infancia y familia, y María Eugenia Carreño, procuradora delegada para la función pública. Reconocidas tanto por su trayectoria pública como por su férreo respaldo a las tesis defendidas por el Procurador, Hoyos y Carreño habían sido conminadas por el alto tribunal a cesar las intervenciones sin fundamento en el proceso de inclusión del misoprostol en el Plan de Obligatorio de Salud y a admitir que la Superintendencia Nacional de Salud tiene la obligación de remover los obstáculos para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Tenían que corregir, al decir de la Corte, afirmaciones no ajustadas a la realidad, como aquella de que la píldora del día después es abortiva. La ciencia ha demostrado que dicha premisa es falsa y así lo reconoce hasta la ONU.

En vez de hacer caso al fallo, como debe hacer cualquier ciudadano, las funcionarias optaron por dimitir, como lo informó en la mañana del viernes elespectador.com, situación que de todas maneras fue celebrada entre los defensores de los derechos de las mujeres. Pero el que renuncien no necesariamente significa que se vayan. Siendo como son, de las entrañas del Procurador, la decisión de irse puede significaría también lealtad al jefe y a sus tesis y en tal sentido nada de raro tiene que el Procurador decida rechazarles la renuncia.

Es más, en el caso de Hoyos hasta la aceptación del retiro podría ayudarle para que se dedique de lleno a su campaña en busca de un escaño en la Corte Constitucional. Como ya se sabe la procuradora delegada quiere convertirse en el remplazo de Humberto Sierra Porto (curiosamente el ponente del fallo que les ordena rectificar), quien se va para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con cara gana, pero con sello también. La decisión está en manos de Ordóñez, quien se mueve como pez en el agua en las cortes y tendría en ellas a una vocera de primera línea si Hoyos es elegida.

Renunciar, está claro en política, no significa irse. Lo que sí está claro por ahora es que el tema de la reelección del procurador sigue causando división. Más se demoraron las procuradoras delegadas en decir que salían de la entidad que los colectivos de derechos humanos en reactivar la campaña para pedirle a Ordóñez que renuncie él también a su aspiración.

El nuevo argumento en su batalla es que las funcionarias no sólo anteponen conceptos religiosos y morales a sus decisiones en materia de derechos humanos, sino que al renunciar están demostrando que son capaces de desafiar a la justicia antes que acogerse a sus decisiones.

“En el ejercicio de funciones públicas no he mentido, no he tergiversado, ni afectado derechos fundamentales”, les respondió minutos después Hoyos, ratificando de paso que prefiere irse para no entorpecer la toma de decisiones en la entidad y que eso no significa que resigne sus aspiraciones en la Corte Constitucional.

Ese es otro punto que tiene en alerta a los defensores de derechos humanos como Mónica Roa, la abogada que se convirtió en símbolo de la lucha por el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir si continúan o no con un embarazo en casos de malformación fetal, riesgo para la madre o cuando la gestación es consecuencia de un acto de violación. Tras años de litigio, la Corte Constitucional le dio la razón, pero las procuradoras, de la mano de su superior jerárquico, siguen oponiéndose a esa decisión.

El tema ya va en pelea de tribunales. Roa, vocera de la organización Women's Link Worldwide, entuteló a Ordóñez y sus dos procuradoras delegadas para que no "tergiversaran" los conceptos sobre el aborto y la salud sexual de las mujeres. Hoyos respondió con una demanda por injuria y calumnia contra Roa.

Y Ordóñez, quien tampoco ha rectificado como le ordenó la Corte Constitucional, dio golpe de opinión al lograr que la Corte Suprema de Justicia lo postulara como su candidato para la terna de la cual el Congreso elegirá antes de diciembre al nuevo Procurador. Faltan los candidatos del Consejo de Estado y el Presidente de la República, quien también tiene su dilema al respecto: respaldar a Ordóñez podría interpretarse como contradicción a su política de promoción y respeto por los derechos de las mujeres. Como si fuera poco, las reservas de Ordóñez frente al proceso de paz con la guerrilla podrían entorpecer la iniciativa, que Santos pretende convertir en su legado para el país.

Entre tanto, Ordóñez asegura no haber sido notificado del fallo de la Corte en su contra y ya se hacen apuestas sobre hasta dónde llegará para evitarlo. Según el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela señala que negarse a cumplir con una decisión semejante es exponerse a un arresto hasta de seis meses y a multa, por desacato.

Así pues, Ordóñez deberá sacarle tiempo a los temas pendientes de su despacho para concentrarse durante los últimos meses de su administración en dos batallas: la que lleva en los tribunales por sus conceptos sobre temas como el aborto y que la que libra con momentáneo éxito en el campo político, en donde debe lograr que el manifiesto apoyo de los congresistas se convierta en votos para su reelección.