Foto: Ómar Medina.

Este martes, el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz en carta enviada a los actores en conflicto en el país, llamó al cese al fuego en medio de los diálogos.

La misiva cita: “El motivo de esta carta pública dirigida al Señor Presidente de la República y a los dos comandantes superiores de los grupos insurgentes es considerar de nuevo la necesidad de un Cese al fuego y de las hostilidades y en subsidio un Acuerdo Especial basado en el derecho humanitario”.

Dentro de los argumentos para tal situación, el colectivo advierte que “partimos de la voluntad de hacer la paz, de la buena fe y el honor que tiene su palabra, por lo tanto si es así ¿por qué no avanzar generando aún más confianza, seguridad y compromisos?, ¿por qué no anticiparnos y remover los obstáculos que puedan restar legitimidad a los diálogos de paz?”.

“Pensamos no solamente en la necesidad del Acuerdo Especial desde el imperativo de la certidumbre entre las partes, para que prevalezca el entendimiento sin que nada amenace el proceso de terminación del conflicto hacia la paz, pero también lo proponemos por la exigencia moral de estar obligadas las partes al respeto del derecho internacional humanitario”, sigue en la carta.

Para Colombianos y Colombianas por la Paz su petición “no es una contradicción. Sabemos que el derecho humanitario es precisamente por la existencia de confrontación, pero pedimos tomar en cuenta que mientras esté activo el conflicto armado, quien más la sufre es la población civil”.

Carta de Colombianos por la Paz

INVITAMOS A UN ACUERDO ESPECIAL PARA AVANZAR HACIA LA PAZ CON LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL

Bogotá, septiembre 26 de 2012

Señor Presidente de Colombia
Juan Manuel Santos

Señores comandantes
Timoleón Jiménez, Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP Nicolás Rodríguez Bautista, Comando Central del ELN

Reciban un saludo respetuoso de Colombianas y Colombianos por la Paz.

En primer lugar deseamos reiterar nuestro júbilo por las diálogos de paz que se han adelantado para formalizar el inicio del proceso entre el Gobierno y las FARC-EP, y por la posibilidad cierta que el ELN se sume a dicho escenario de conversaciones para terminar el conflicto armado de manera definitiva. Contribuir a superar esta cruenta guerra que nos desangra desde hace medio siglo construyendo entre todas y todos con imaginación la paz con justicia social, profundizar la democracia y legar a las nuevas generaciones un futuro de reconciliación y dignidad es un imperativo ético. Estamos convencidos que sus disposiciones y sus voluntades con inteligencia y generosidad lo posibilitarán.

Por esa razón, en este tiempo histórico y único, nos permitimos invitarles a valorar nuestra propuesta, motivada en el reconocimiento del dolor humano, de la continuidad de daños inenarrables en la vida de miles de inocentes que viven en zonas rurales principalmente, o en las ciudades, donde se vive también desplazamiento y desolación. Del mismo modo, pensamos en nuestra riqueza biológica en peligro, en lo que es afectado y es perdido para el país.

El motivo de esta carta pública dirigida al Señor Presidente de la República y a los dos comandantes superiores de los grupos insurgentes es considerar de nuevo la necesidad de un Cese al fuego y de las hostilidades y en subsidio un Acuerdo Especial basado en el derecho humanitario.

Dicha petición la habíamos hecho ya en enero de 2012 y en recientes ocasiones. Somos conscientes de la enorme responsabilidad y de la dificultad de concertar tal Acuerdo, pero creemos que las razones, que Ustedes bien conocen, para que ese paso se produzca, son lo suficientemente válidas. Su necesidad ética es insoslayable; su urgencia es evidente; su posibilidad de ser pactado y verificado, es tangible. Partimos de la voluntad de hacer la paz, de la buena fe y el honor que tiene su palabra, por lo tanto si es así ¿por qué no

avanzar generando aún más confianza, seguridad y compromisos?, ¿por qué no anticiparnos y remover los obstáculos que puedan restar legitimidad a los diálogos de paz?

Aunque han declarado el Gobierno Nacional y las FARC-EP la firmeza para cumplir el Acuerdo y estar encaminado para abordar los puntos ya pactados, no es mentira ante la experiencia y la alta sensibilidad del proceso, que éste será frágil si están activados de lado y lado planes militares ofensivos.

Pensamos no solamente en la necesidad del Acuerdo Especial desde el imperativo de la certidumbre entre las partes, para que prevalezca el entendimiento sin que nada amenace el proceso de terminación del conflicto hacia la paz, pero también lo proponemos por la exigencia moral de estar obligadas las partes al respeto del derecho internacional humanitario. En este sentido no es una contradicción. Sabemos que el derecho humanitario es precisamente por la existencia de confrontación, pero pedimos tomar en cuenta que mientras esté activo el conflicto armado, quien más la sufre es la población civil.

El pasado 5 de septiembre más de 20 comunidades indígenas, negras y mestizas habitantes en zonas de conflicto les enviaron una comunicación con un llamado apremiante para que se pactara un Cese Bilateral. En estas dos semanas transcurridas, estas mismas comunidades firmantes de la misiva han sido afectadas en su vida, en su integridad, en sus bienes, por ataques indiscriminados con ametrallamientos y bombardeos, por amenazas, presiones, daños a bienes de supervivencia; algunos civiles han muerto o han quedado heridos, como nos ha sido reportado. A esa solicitud se han ido sumando más y más familias y comunidades que padecen las graves infracciones al derecho humanitario y en general los efectos del conflicto armado.

El hecho que las FARC-EP y el ELN manifiesten su disposición a la aplicación del derecho humanitario abre la posibilidad de un Acuerdo Especial que acordado bilateralmente con el Gobierno, representará un avance en la confianza requerida para llegar a un feliz término del conflicto.

Invitamos en tal sentido, al Señor Presidente, disponer la posibilidad de ese Acuerdo Especial se vea materializado sobre aspectos específicos que será un paso trascendental de protección preventiva y de proyección humanitaria, preludio de la paz que deberá sobrevenir.

En caso de que el Sr. Presidente Santos siga juzgando que el Gobierno no cesará las operaciones de la Fuerza Pública en relación con las guerrillas y que ésta continúe su actividad armada, solicitamos se aborde al menos un Acuerdo Especial de humanización del conflicto, pues los preceptos de la sola aplicación general del derecho internacional humanitario indicado en el Artículo 3º común a los Convenios de Ginebra de 1949 o el Protocolo II adicional de 1977 no han sido suficientes para interponer límites a la barbarie.

Este derecho admite las posibilidades de Acuerdos ad hoc, especiales, precisos, sobre principios y aspectos del derecho internacional humanitario,

que no significan el alto al fuego, que también son totalmente materia de verificación por los medios que Ustedes estimen adecuados, ya sea a través de misiones nacionales, internacionales, mixtas, con participación de la sociedad civil o de organismos internacionales cuyo mandato está dirigido a esta realidad. Como por ejemplo, la abstención de cualquiera de las partes de usar minas antipersona o precisiones sobre el respeto a civiles, personas internacionalmente protegidas, niños, mujeres, periodistas, misión médica

Teniendo en cuenta ese urgente emplazamiento de víctimas reales, de seres que sufren y tienen el derecho a ser escuchados, les pedimos discernir esa valiosa posibilidad, que ha servido en otros conflictos para aclimatar hacia acuerdos definitivos de fin de la confrontación y velar por el fundamental derecho a la vida.

Entendemos las razones por las cuales el Señor Presidente decide mantener las operaciones militares e igualmente las que argumentan las guerrillas de las FARC y del ELN.

Nuestra propuesta no pretende entorpecer, torpedear o dificultar ningún acuerdo constructivo. En absoluto. Todo lo contrario: deseamos que se facilite el entendimiento, que el acercamiento sea mayor, que la confianza esté blindada, que la credibilidad no se menoscabe, no sólo entre las partes sino en el conjunto de la sociedad y la comunidad internacional para lograr el mayor respaldo y se culmine felizmente el proceso que tanto anhelamos.

Así, con base en lo dispuesto en el Artículo 3º común, expresión de las consideraciones básicas de humanidad, con la única pretensión de evitar males mayores derivados de la inútil prolongación del sufrimiento de poblaciones inermes, y del conflicto mismo, atendiendo las situaciones específicas de cómo se desenvuelve éste, les invitamos a reflexionar y observar un Acuerdo Especial para su irrestricto y verificado cumplimiento.

Señor Presidente Santos y comandantes de la guerrilla, elevamos a Ustedes esta propuesta de un Acuerdo Especial, sugiriendo respetuosamente algunos elementos que pueden debatirse para su inclusión, con un carácter preventivo y una proyección de su finalidad ética, a fin de impedir daños innecesarios e irreparables en la vida e integridad de civiles y de los mismos combatientes, para que haya respeto a los valores de nuestra común dignidad, para que los bienes de supervivencia de los civiles en zonas muy empobrecidas sean respetados, para que se respeten los ecosistemas, para lograr resolver situaciones pasadas y presentes que requieren un encuentro de voluntades convocadas e interpeladas por la razón, por la significación de lo humanitario como valor propio y compartido, mientras se firma un acuerdo de paz.

En tal sentido les proponemos discutir sobre la posibilidad de un Acuerdo Especial sobre aspectos concretos del derecho humanitario, de la mayor extensión temporal posible, al menos por noventa (90) días, prorrogables, iniciando desde el próximo 8 de octubre de 2012.

Sobre los posibles aspectos para contemplar en relación con los compromisos de las guerrillas de las FARC y del ELN, por ejemplo:

* Cesar unilateralmente la ampliación del uso de minas anti-persona, asumir el compromiso de actualizar mapas de todos los minados existentes hasta la fecha, y advertir a la población de las áreas donde se encuentran dichos dispositivos.

* Abrir la información levantada sobre esas armas o estar disponible durante este período para ser conocida por una entidad internacional o una misión ex profeso que le de confianza a la insurgencia y sea pactada con el Gobierno, a fin de que pueda conservarla y entregarla para la desactivación de los minados si las guerrillas lo piden o cuando se hayan firmado acuerdos posteriores sobre esta materia.

* Las guerrillas se mantendrán en los lugares de su presencia o movilidad regular, respetando los espacios de vivienda y trabajo de la población civil y los bienes de supervivencia de civiles.

* Las guerrillas suspenderán acciones ofensivas contra la fuerza pública y acciones de sabotaje contra cualquier tipo de infraestructura pública o privada.

* Las guerrillas se comprometen a identificar los casos de personas, sean civiles o militares, privadas de libertad por cualquier circunstancia, para dar razón de su estado, asumir responsabilidades y velar por la salvaguarda de su vida e integridad.

Respecto a los posibles aspectos para contemplar por parte del gobierno, por ejemplo:

* Se abstendrá la fuerza pública de todo tipo de bombardeos y ametrallamientos como parte de operaciones ofensivas que afecten a civiles, respetando los espacios de vivienda y trabajo de la población civil y los bienes de supervivencia de civiles

* La fuerza pública mantendrá su presencia y movilidad regular absteniéndose de operaciones ofensivas a las guerrillas, manteniendo el control de áreas.

* Se facilitarán mecanismos y condiciones para que de modo discreto una comisión nacional, internacional o mixta, visite las cárceles y conozca, diagnostique y proponga medidas de atención a situaciones humanitarias de personas privadas de la libertad en razón del conflicto armado.

* Se levantará información unificada y sistematizada de todas sus bases de datos, concernientes a personas desaparecidas forzadas a lo largo de estas décadas, a fin de posibilitar en la implementación de los acuerdos un esclarecimiento y ubicación de su paradero, o donde puedan encontrarse cuerpos de civiles y de combatientes sin identificar.

Pensamos es posible asignar un papel en este Acuerdo Especial a la Defensoría del Pueblo o entidades especializadas de países que Ustedes acuerden para verificar el cumplimiento de esta aplicación del derecho humanitario, para lo cual estos podrán solicitar a las partes la información necesaria y tener facilidades de actuación in situ.

Agradecemos que nuestra propuesta sea por ustedes considerada y en lo posible una respuesta a esta propuesta. Con todo respeto, nos suscribimos con sentimientos de esperanza en la paz de Colombia.

Colombianas y Colombianos por la Paz