Reemplazo de Merlano

El otrora senador del Partido de la U Eduardo Carlos Merlano y su más seguro reemplazo, Astrid Sánchez Montes de Oca. / Fotos: ‘El Heraldo’ y ‘El Tiempo’

Astrid Sánchez Montes de Oca, miembro de uno de los clanes familiares que manejan la política de Chocó desde 1974, sería el reemplazo del senador Eduardo Carlos Merlano, a quien la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos, por negarse a una prueba de alcoholemia, impedir que le inmovilizaran su vehículo e intimidar a los patrulleros que lo retuvieron el pasado 13 de mayo en Barranquilla.

La probable sucesora de Merlano es hermana del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca —condenado a nueve años de prisión por sus vínculos con los paramilitares— y del exgobernador de Chocó Patrocinio Sánchez Montes de Oca —investigado por incurrir en presuntas irregularidades cuando se desempeñó como alcalde de Quibdó.

Astrid Sánchez escoltó a Merlano en la lista que presentó el partido de la U en las elecciones parlamentarias de 2010, y por el número de votos que obtuvo (37.024 ) se quedaría con la curul. El Ministerio Público encontró pruebas suficientes para demostrar que Merlano burló la ley al impedir que unos policías le realizaran una prueba de alcoholemia. Además, los amenazó y valiéndose de su cargo impidió que le inmovilizaran su automóvil como era debido.

En un video del hecho se ve a Merlano presionando a los patrulleros y afirmando que él había obtenido 50 mil votos para llegar al Congreso de la República y por ello era una afrenta para con sus electores que lo detuvieran. A renglón seguido los amenaza y les dice que va a hablar con sus superiores y que “esto no se va a quedar así”.

Días después los patrulleros que realizaron el operativo presentaron su renuncia a la Policía porque, decían, no habían recibido el apoyo de sus superiores frente a las presiones de Merlano. No obstante, el 29 de junio, el Ministerio de Defensa condecoró a los uniformados.

Quien sí salió de la institución fue el comandante de la Policía de la capital del Atlántico, general (r) Óscar Pérez, quien aceptó que había amonestado de forma “injusta” y “descontextualizada” a los patrulleros por el operativo. La grabación generó que en las redes sociales se iniciara una campaña para que Merlano renunciara.

Durante el proceso en su contra, el exparlamentario aseveró que nunca había tenido la intención de presionar a los policías. “Mi voluntad jamás fue dirigida dolosamente a entorpecer el funcionamiento y la labor de la institución”, comentó ayer durante la lectura del fallo en su contra.

Además, aseveró que había sido víctima de abusos por parte de los uniformados que lo detuvieron, quienes, según él, no tenían la potestad para realizarle la prueba de alcoholemia. El Ministerio Público no estuvo de acuerdo y aseveró que los uniformados sí podían realizar el operativo, que “no hubo ningún atropello en su contra” y que el otrora senador sabía lo que hacía porque por su condición debía conocer muy bien la ley.

De igual manera, Merlano, en varias de las diligencias judiciales que se le realizaron, ofreció excusas por su comportamiento. La lectura del fallo en su contra no fue la excepción. En ella dijo que reconocía y confesaba su “imprudencia e intolerancia frente a la actuación de la Policía Nacional”.

Las disculpas de Merlano no atenuaron la sanción, contra la que los defensores de Merlano presentaron recurso de reposición, que deberá resolver el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. Por estos mismos hechos el Consejo de Estado adelantará el próximo 30 de octubre una audiencia para definir si se le quita o no la investidura a Merlano.

Por ahora, del Congreso de la República saldrá el protagonista de uno de los escándalos más sonados de los últimos meses e ingresa, lo más probable, una mujer a quien por su apellido se le relaciona con una familia con varios escándalos en su haber.