Sin justicia ni paz

A marzo de 2012, desmovilizados de los paramilitares postulados a Justicia y Paz han confesado 894 masacres. / Archivo - El Espectador

Siete años han pasado desde que la llamada Ley de Justicia y Paz se implementó en el país y son miles los testimonios del terror paramilitar que desde entonces han escuchado los colombianos. A pesar de eso, la reparación y la justicia no han llegado en esas mismas proporciones.

Desde 2005 a marzo de 2012 solo se han dado once incidentes de reparación a víctimas, es decir, el 1,2 por ciento del total de hechos violentos enunciados por 11 postulados, que apenas representan el 0,2 por ciento del total que está vinculado a Justicia y Paz.

Más preocupante aún es el hecho de que aunque año tras año el registro de víctimas ha aumentado —a marzo de este año la Fiscalía ha registrado 386.069 víctimas—, el porcentaje de aquellas que han sido reconocidas en el proceso nunca ha superado el 12 por ciento del total de afectados.

Este grupo está compuesto por 46.106 víctimas, que han contado con la fortuna de ser reconocidas por sus victimarios en las versiones libres y, por tanto, podrán seguir abrazando el sueño de la reparación. Las demás están en dos grupos desoladores: el de 29.821 víctimas que asisten a las versiones libres pero no son reconocidas por los postulados y por tanto tienen dificultades para avanzar en el proceso, que corresponden al 8 por ciento; y el de 310.142 víctimas, que no han asistido a versiones libres y son el 80 por ciento del total de víctimas registradas.

Las alarmantes cifras de un proceso en el que las víctimas pusieron toda su esperanza están consolidadas en el informe del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, con corte a marzo de este año. Cifras frías que el Centro Internacional de Toledo para la Paz ha analizado en un documento que se conoció ayer y que apunta a que uno de los problemas más serios para que la reparación sea efectiva es su financiación con bienes entregados por los desmovilizados.

A marzo de este año, los postulados habían entregado 7.453 bienes, apenas 86 más que los entregados a marzo de 2011 (se registraban para ese momento 7.367 bienes). De esos bienes entregados, sólo 4.051 tienen “vocación reparadora”. Esto apunta a que del total de bienes entregados, que suman $96.598’927.073, sólo el 54 por ciento podría servir para reparar a las víctimas de los paramilitares.

Verdad sin reparación y sin garantías de no repetición, sería el diagnóstico. Por ejemplo, a marzo de 2012 se han confesado 894 masacres en Justicia y Paz. Pero de acuerdo con el registro de víctimas de la Policía Nacional, un promedio de 141 víctimas por año han muerto a manos de ‘desconocidos’, entre 2005 y 2011, cuando ya se había dado la desmovilización y la implementación del proceso de Justicia y Paz. Un número elevado que pone en duda las garantías de no repetición para las víctimas.

Ahora, otro dato importante que señala este análisis es que desde 2011 hasta 2012 el número de desmovilizados aumentó de 55.228 a 56.276. Y aunque esto podría significar el potencial aumento de responsables de delitos, hay una disminución del número de postulados al proceso penal especial de Justicia y Paz.

Al analizar estos datos año tras año se evidencia que el proceso alcanza un pico en 2007 y a partir de ese punto se inicia una reducción paulatina. Esto indicaría una decisión de parte del Gobierno de estimular las desmovilizaciones sin que necesariamente ello implique la postulación al proceso penal de Justicia y Paz.

Los años 2010, 2011 y lo corrido de 2012 tienen los niveles más bajos en la terminación de audiencias de versión libre en la historia del proceso. “Pareciera confirmarse una tendencia según la cual el aumento de postulados y de inicio de versiones libres implica la reducción de la capacidad institucional y la posibilidad de terminar las audiencias libres redundando en la no satisfacción de la expectativa de lucha contra la impunidad”, señala el análisis.

¿Beneficios y rebajas penales para desmovilizados, con verdad a medias y sin reparación? Parece que esto ha sucedido con el proceso de Justicia y Paz, que tras siete años de existencia se muestra como un mecanismo ineficaz y desgastado.