Así sería reforma al Congreso

El Congreso de la República está regido hoy por la Ley Quinta de 1992.

Fue necesario que se diera el escándalo por la reforma a la justicia para que en el Congreso de la República se comenzara a analizar el modo de cambiar la forma como está legislando. Más de cuatro meses después de la crisis, están listas las modificaciones a la Ley Quinta de 1992 o Reglamento del Congreso, así como otras dos iniciativas que apuntan a la modernización de la corporación, con propuestas como la ampliación de los períodos de los presidentes de Senado y Cámara de Representantes, la eliminación del voto secreto —excepto para las elecciones de procurador y contralor—, la creación de la gerencia del Congreso y la “silla vacía”.

Los proyectos serán radicados hoy por los mismos presidentes de Senado, Roy Barreras, y Cámara, Augusto Posada, y en lo que tiene que ver con la reforma a la Ley Quinta, en sus 191 artículos se incluyen puntos que, sin duda, generarán polémica. Por ejemplo, la razón que se da para que en la elección de procurador y contralor haya voto secreto es que ambos funcionarios tienen jurisdicción disciplinaria sobre los congresistas, por tanto resulta inconveniente que dichos funcionarios conozcan los resultados de su escogencia.

En cambio, en los demás casos —como la elección de vicepresidente, en el caso de falta absoluta, de magistrados de la Judicatura y del Consejo Nacional Electoral y del defensor del Pueblo— la votación secreta no es posible pues los congresistas, como representantes de la ciudadanía, “deben dejar constancia de sus decisiones”.

Otro punto que llama la atención tiene que ver con los períodos de los presidentes de Senado y Cámara. Una de las iniciativas plantea que sea de dos años. Esto implica una reforma constitucional con el argumento de que así los demás poderes del Estado —Ejecutivo y Judicial— podrán contar con un interlocutor estable y duradero. De hecho, ya ayer Posada planteó incluso que el período fuera de cuatro años: “Esa es una práctica internacional que le daría estabilidad al Congreso”, dijo.

Sobre el proceso de las conciliaciones, que fue lo que generó la crisis de la fallida reforma a la justicia, la idea es que todo informe de ponencia de proyecto de ley y acto legislativo o informe de comisión accidental de mediación o conciliación, deberá permitir la verificación de los cambios producidos en el articulado a lo largo de todo el trámite. Sin este requisito no se podrá proceder a su discusión y votación.

De otro lado, se pretende eliminar la declaración de “sesión permanente”, porque se considera pertinente que una sesión debe durar todo el tiempo necesario, mientras exista quórum decisorio. “La figura de sesión permanente se presta para obstaculizar debates o viciar procedimientos por la ausencia de este requisito formal”, dice el proyecto.

Así mismo se reitera la tesis de la silla vacía, al señalarse que “no habrá faltas temporales, salvo por razón de licencia de maternidad”, y que “la renuncia de un miembro de corporación pública de elección popular, cuando se le haya iniciado vinculación formal por delitos cometidos en Colombia o en el exterior, relacionados con pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad, generará la pérdida de su calidad de congresista, y no producirá como efecto el ingreso de quien corresponda en la lista”.

En cuanto a la creación de la gerencia general del Congreso —que es uno de los proyectos anexos a la reforma a la Ley Quinta— se dice que será un organismo “de carácter técnico y especializado, dotado de personería jurídica, con autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio independiente”. El objetivo es actuar como organismo administrativo. Para los críticos de esta figura, lo que significa es más burocracia parlamentaria.