Pulso por inversión extranjera en el agro

Colombia es un país autosostenible y uno de los que tienen mayor posibilidad de aumentar su capacidad productora de alimentos. / El Espectador

El jueves pasado, en la cena que el presidente Juan Manuel Santos tuvo con algunos congresistas del Partido de la U en la casa del senador Roy Barreras, el primer mandatario les pidió no apoyar las tres iniciativas que cursan en el Congreso de la República y que pretenden regular la extranjerización de la tierra en Colombia. Para el Gobierno —y así lo ha expresado el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo— dichas iniciativas son un “pésimo mensaje a la inversión extranjera sana y verificada”.

Llama la atención que dos de esos proyectos de reforma constitucional son de autoría de la misma U y del Partido Conservador, miembros de la Unidad Nacional, mientras que el otro es impulsado por el Polo Democrático. Lo cierto es que para estas tres colectividades, el meollo del asunto tiene que ver con la seguridad alimentaria de las futuras generaciones, en un escenario en el que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en América Latina y el Caribe se vienen dando intensos procesos de acaparamiento, concentración y extranjerización de tierras destinadas a la producción de alimentos.

Para Fernando Soto-Baquero, oficial de políticas de la FAO, “los gobiernos deben encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar”. En la actualidad, Colombia es autosostenible y es considerado uno de los 10 países en el mundo con mayor posibilidad de aumentar su capacidad productora.

Por este motivo se ha venido convirtiendo en un atractivo punto de inversión para transnacionales que buscan desarrollar proyectos agropecuarios de gran escala. Un hecho que tiene diferentes puntos de vista y que ha prendido las alarmas en algunos sectores que creen que está en juego la capacidad del país de producir su propio alimento. El temor —y es algo que ya se está dando en otros lugares del mundo— es que las tierras fértiles sean empleadas para la producción de biocombustibles o que simplemente la comida sea cultivada, extraída y luego enviada a otras naciones.

El debate está planteado, más aún cuando en el naciente proceso de paz entre el gobierno del presidente Santos y las Farc —que arranca en firme este jueves en La Habana (Cuba)— el tema de la tierra es el primer punto de la agenda a abordar. Por ejemplo, para la exministra y exprecandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, quien ayudó a diseñar el proyecto de los conservadores, la inversión extranjera es importante, pero no a cualquier costo: “El Gobierno no puede sacar pecho diciendo que la inversión extranjera continúa creciendo cuando se está poniendo en riesgo al país”, dijo.

Ramírez cree que debe regularse la adjudicación masiva de tierras, que ya se está presentando en Colombia ante la ausencia de una normatividad clara. Postura que el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, considera exagerada, lo que lo ha llevado a chocar duramente con el Congreso. Hace dos semanas, en la Comisión Primera del Senado, acusó a los legisladores que promueven tales iniciativas de manejar un discurso similar al del vocero de las Farc, alias Iván Márquez, en la instalación de los diálogos de paz en Oslo (Noruega).

Sus palabras provocaron reacciones airadas, como la del senador Armando Benedetti, de la U, quien le dijo que lo que estaba haciendo era algo “más doloroso y más fascista” que lo que hizo Andrés Felipe Arias: “Es irresponsable pretender vender las tierras para hacer grandes empresas y pensar que el campesino entorpece el desarrollo y la inversión extrajera. El modelo Carimagua es un enanito al lado de lo que quiere este ministro”.

El senador Hernán Andrade, ponente del proyecto conservador, también le salió al paso: “El ministro sabe que en el mundo se está dando un proceso de acumulación de tierras y no podemos permitir que vengan a comprarnos la Orinoquia porque sí, o el Macizo Colombiano porque sí. No pretendemos desestimular la inversión extranjera, que ha sido buena, pero también ha sido desastrosa en algunos lugares en materia ambiental. Hay regiones desoladas y arruinadas por no imponer los límites adecuados a esta inversión”.

El ministro Restrepo, por su parte, dice que se está dando una especie de “xenofobia” en el Congreso, la cual tiene paralizados más de US$800 millones en inversión. En su concepto, los proyectos que están en trámite le cierran la puerta en las narices a la inversión extranjera, descartando que se esté presentando un fenómeno masivo de acumulación de tierras: “El año pasado llegaron al país US$13.200 millones de inversión extranjera directa, de la cual sólo fueron registrados US$154 millones enfocados para el agro. Eso implica que sólo el 1,5% de la plata que se invierte está dirigida a este renglón”, afirmó.

Para el Gobierno, en el Congreso se están presentando cifras distorsionadas. Pero pese a este argumento, Wilson Arias, representante a la Cámara por el Polo Democrático y autor de otra de las iniciativas que apuntan a la de reglamentación de la extranjerización de la tierra, advierte que en Colombia ya se está presentando este fenómeno y denuncia con nombre propio millonarias inversiones. Se refiere, por ejemplo, el caso de la multinacional brasileña Mónica Semillas, que creó siete filiales en el país y ya ha comprado cerca de 13.000 hectáreas, y a la multinacional Cargill, que pretende cultivar 55.000 hectáreas de soya.

Ahora, independientemente de la visión de las partes, es un hecho que en el mundo se ha venido dando un fenómeno de acaparamiento de tierras y el principal ejemplo de ellos es África. En países como Etiopía, Mozambique, Zambia, Liberia y Madagascar, literalmente se han vendido o arrendado sus territorios, acabando con su capacidad productiva alimentaria. Coincidencialmente los compradores son los mismos: China, India y Arabia Saudí.

En África se han vendido, arrendado o negociado desde 2001 más de 227 millones de hectáreas y, según el Banco Mundial, más del 70% de estos contratos se hizo a partir de 2008, cuando se presentó un incremento sustancial en los precios de la comida en la región Subsahariana. Los países de esta región, a pesar de tener una clara vocación agrícola, tienen los más altos índices de hambruna, según señala la FAO.

Aunque la inversión extranjera en el sector agrícola es contemplada como el camino hacia la modernización tecnológica de los campos y la creación de empleo en las áreas rurales, en África no ha sido así. Las multinacionales han acaparado la tierra y, contrario a generar mano de obra, han ocasionado el desplazamiento del campesinado, de acuerdo con un reciente informe de Oxfam. Este fenómeno ha empezado a darse en América Latina y obligado a países como Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina a adoptar una estricta reglamentación.

En Colombia, el Gobierno mantiene su decisión de proteger y estimular la inversión extranjera y ya anunció la presentación de un proyecto de ley para reglamentar el tema agrario, que le haría contrapeso a los tres que hacen curso en el Congreso impulsados por los partidos de la U, Conservador y Polo Democrático. Con el tema agrario como parte de los diálogos con la guerrilla en La Habana se espera un fuerte pulso político y al Ejecutivo le tocará jugársela a fondo para hacerle entender al país que no se está feriando la tierra, como se cree, y que la seguridad alimentaria de las próximas generaciones está garantizada.

Un Conpes para garantizar la alimentación de todos

Pese a que Colombia es considerado un país autosuficiente en su producción alimentaria, también es cierto que en los últimos 20 años no ha podido superar una superficie agrícola de cuatro millones de hectáreas y en la actualidad importa más de ocho millones de toneladas anuales de alimentos. En marzo de 2008, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe emitió el documento Conpes 113, que contiene la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional con el propósito de “garantizar que toda la población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad”. Y el Decreto 2055 de 2009, del entonces Ministerio de la Protección Social, creó la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisán). Por su parte, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) ha planteado varios puntos a tener en cuenta para garantizar la seguridad alimentaria en el país: reconocer el aporte de la población campesina, desconcentrar la tierra y sembrarla de comestibles, conectar la oferta y la demanda y generar desarrollo tecnológico y seguridad.