Denuncia contra Uribe en la CPI

El expresidente Álvaro Uribe junto al representante Iván Cepeda en la versión libre que el exmandatario rindió ante la Comisión de Acusación en agosto. / Archivo

Con la pretensión de que se investiguen como delito de persecución las acciones perpetradas por el DAS contra opositores políticos, magistrados o periodistas, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que se reconozca que él fue él máximo responsable de estas acciones en su condición de presidente de la República, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro radicará mañana ante la Corte Penal Internacional una denuncia formal para que el tema sea incluido en el llamado expediente Colombia como crimen de lesa humanidad.

El documento será entregado a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, con la consideración preliminar de que a partir de 2004 Colombia se encuentra bajo el examen del organismo internacional y que el delito de persecución no ha sido estudiado, pero debe evaluarse a la luz de lo que sucedió con el DAS en la era Uribe Vélez. El parlamentario Cepeda resaltó que esta conducta se consumó con fines políticos, afectando a un grupo de personas y organizaciones con una característica común: formaban parte de la oposición al Gobierno.

Como hechos representativos de la denuncia, Cepeda registró en su documento que el accionar del DAS se originó a partir de un órgano de inteligencia no adscrito a la estructura oficial de la institución llamado G-3, propuesto por el entonces director de la institución Jorge Noguera, hoy condenado por la justicia. El plan se concretó en actividades de desprestigio, presión y sabotaje para enlodar el nombre de algunas organizaciones de derechos humanos, y de varios dirigentes de la oposición, contrarios a los intereses del gobierno Uribe.

El representante destacó en su denuncia que entre las acciones del DAS se incluyeron: la ‘Operación Transmilenio’ para inventar nexos de organizaciones nacional e internacionales con grupos armados ilegales; la ‘Operación Intercambio’, para limitar la influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la ‘Operación Amazonas’, para desprestigiar a opositores y magistrados de la Corte Constitucional, o la ‘Operación Cascabel’, dirigida a afectar la imagen de la Comisión Colombiana de Juristas y su director Gustavo Gallón.

Cepeda refiere uno por uno los nombres de todos los funcionarios del DAS que terminaron investigados por la justicia, empezando por los exdirectores Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y un sinnúmero de subdirectores, detectives y funcionarios que participaron en las campañas de desprestigio, al punto de que al terminar el gobierno de Uribe Vélez, y ya en los tiempos del presidente Juan Manuel Santos, fue necesaria la supresión del organismo de seguridad.

Como quiera que el DAS era un organismo dependiente de la Presidencia de la República, Cepeda concentró su denuncia en el entonces jefe de Estado, Álvaro Uribe. Por eso referenció que hoy en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, juez natural del primer mandatario, se han instaurado 287 denuncias contra Uribe, sin avances significativos. Pero no solamente en el caso de las persecuciones del DAS, sino en otros episodios que, según el legislador, el expresidente Uribe debería ser investigado judicialmente.

En concreto, el documento refiere dos casos: la masacre del Aro, denunciada en la Comisión de Acusación en 2008, y que registra la muerte de 15 campesinos en Ituango (Antioquia), con un testigo llamado Francisco Villalba, que después se retractó, pero inicialmente señaló al entonces gobernador Uribe; y la masacre de 20 personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ocurrida en 2005, en la que supuestamente el expresidente Uribe no sólo desatendió alertas para proteger a las víctimas, sino que arremetió contra la comunidad de paz.

En opinión de Cepeda, entre las víctimas del delito de persecución perpetrado por el DAS, en la época de Uribe como presidente, estarían: el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, el Cinep, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Asociación Colombiana de Defensores de Derechos Humanos, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, los magistrados de las altas cortes, varios líderes políticos y los periodistas Daniel Coronell, Félix de Bedout, Ramiro Bejarano, Holman Morris y Claudia Julieta Duque.

La denuncia aclaró finalmente que, a pesar de las evidencias, los hechos prueban que han existido presiones para que Uribe no sea investigado y que, definitivamente, “no existe voluntad real para adelantar una investigación seria en su contra, a pesar de que reposan en el proceso suficientes elementos de juicio para tomar decisiones de fondo”. Estas evidencias, según el artículo séptimo del Estatuto de Roma, constituyen persecución por motivos políticos, afectando a un grupo de personas y organizaciones, por las cuales el expresidente debería ser sometido a un proceso judicial.

La defensa del expresidente Uribe

El abogado Jaime Granados, uno de los defensores del expresidente Álvaro Uribe, observó que “la CPI no tiene competencia para investigar el tema de las mal llamadas ‘chuzadas’ del DAS” y que las consideraciones del representante Cepeda constituyen una “absoluta locura”. Granados agregó: “Es de las cosas más poco creíbles que he visto”.

El abogado señaló que el delito de persecución política no existe en la CPI y que este organismo nació para investigar delitos de lesa humanidad, de tal manera que “el organismo no tendría opción de investigar ni por vía subsidiaria ni por competencia directa”. Además añadió que el juez natural de Uribe es el Congreso y que hace más de un año pidió ampliar su versión libre.