Gobernadores y alcaldes, bajo la lupa

Este año tendrían que realizarse varias elecciones atípicas por sanción, destitución o inhabilidad de los mandatarios.

Apenas cumplen un año en sus cargos los gobernadores y alcaldes que fueron elegidos el 30 de octubre de 2011 y ya son muchos los que corren el riesgo de no cumplir sus períodos por investigaciones que adelanta la Procuraduría. Incluso, ocho elecciones atípicas fueron realizadas durante el año anterior por decisiones tomadas por la justicia contra el exgobernador del Valle Juan Carlos Useche, y los alcaldes de los municipios de San Pedro, Florida, Yarumal, Cota, Santa Cruz, Cáceres y Santana.

Uno de cada cuatro gobernadores están siendo investigados y además de la inhabilidad por 12 años del mandatario Juan Carlos Useche del Valle del Cauca, donde ya se realizaron elecciones atípicas para reemplazarlo, en los departamentos de Huila, Chocó y Casanare los gobernadores también fueron sancionados y la Registraduría Nacional del Estado Civil espera que las decisiones queden en firme para realizar los nuevos comicios.

La situación de estos tres mandatarios está así: Cielo González (Huila) fue inhabilitada en primera instancia por un presunto peculado culposo relacionado con el manejo de los recursos de regalías. Luis Gilberto Murillo (Chocó) fue suspendido por la sección quinta del Consejo de Estado y Nelson Mariño (Casanare) fue inhabilitado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en contratación de la caja de compensación del departamento.

Pero el panorama es más complejo. En la actualidad la Procuraduría tiene abiertas investigaciones contra ocho gobernadores en ejercicio. En cuanto a alcaldías, son 55 los investigados y ya han sido cuatro los municipios en los que el mandatario fue destituido.

A estos casos se puede sumar la preocupante situación que enfrenta Cartagena. Desde la elección de Campo Elías Terán, la capital de Bolívar ha tenido tres alcaldes encargados, debido al cáncer que enfrenta el mandatario electo. Además, la Contraloría General pidió la suspensión de Terán por presuntas irregularidades en el contrato de aseo de las escuelas del Distrito.

Para el analista político y catedrático de la Universidad de los Andes Fernando Giraldo, se trata de un problema complejo en el que hay varios culpables. “En primer lugar, los partidos no han asumido con seriedad su responsabilidad sobre la entrega de avales y en ocasiones los entregan con plena conciencia de que el postulado puede resultar sancionado. A esto se suma que, ante la complejidad de llevar a cabo una revocatoria de mandato, los candidatos derrotados escogen el camino más corto: hacer denuncias y buscar el inicio de procesos contra quienes ganaron las elecciones”.

Esta situación resulta a todas luces preocupante por la falta de estabilidad en materia de políticas públicas, por la imposibilidad de trazar programas de gobierno a largo plazo, por la falta de medidas para evitar la elección de mandatarios que a la postre son sancionados por los organismos disciplinarios y por el alto costo que genera para las finanzas del Estado la realización de elecciones atípicas.

Solo el año pasado se realizaron ocho elecciones atípicas por decisiones judiciales y ya están programadas dos para el año que comienza. El costo, según señala el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, se puede calcular así: “A partir del valor que implica instalar una mesa, alrededor de $1’500.000, incluyendo kit electoral, logística y telecomunicaciones para la transmisión de datos. Si un candidato obtiene 100.000 votos y existe un promedio de 200 votos por mesa, se requirieron 500 mesas. A un costo de $1’500.000 por mesa, ese candidato inhabilitado le costó al Estado $750 millones”.

En el caso del Valle del Cauca, la más grande de las elecciones atípicas que se han realizado y que dieron como ganador a Ubéimar Delgado, sólo votó el 19% del potencial electoral, con un costo de $19.000 millones. De este modo, el costo promedio de cada voto depositado superó los $30.000.

Lo que queda claro es que la inestabilidad política y electoral que tiene como responsables a candidatos, partidos políticos y ‘malos perdedores’, genera millonarios costos para el país y, como señala el analista Giraldo, “un gobierno estable no necesariamente es un buen gobierno, pero la inestabilidad nunca produce un buen gobierno”.