Delegados de las Farc, entre ellos ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’, a su llegada al Palacio de Convenciones en Cuba. / EFE

El espinoso asunto de realizar una constituyente como puerto final del proceso de paz que adelantan el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc, volvió al ruedo político. Según el grupo guerrillero, es el pueblo colombiano, en su soberanía, “quien deberá darle dinámica, construcción y legitimidad al proceso de paz, hasta llegar a un acuerdo sensato, de beneficio nacional, que deberá ser refrendado por una asamblea nacional constituyente”.

Un tema que va y viene. Ya en octubre pasado, en la antesala de la negociación, las Farc lo habían puesto sobre la mesa. En ese entonces, su vocero, Iván Márquez, había hablado de la necesidad de darle fuerza legal o constitucional a lo acordado en La Habana mediante una constituyente, alternativa que, según dijo, de concretarse, garantizaría el cumplimiento de lo pactado y evitaría cambios futuros. “Que todos los sectores de la nación puedan opinar, puedan decir cómo es que nos vamos a regir de aquí en adelante”, precisó.

Tal propuesta no la comparte el gobierno Santos, pero sí otros sectores del país, entre ellos, nada más ni nada menos, el uribismo, pensando en los réditos políticos que podría obtener. “Claro que nosotros nos le meteríamos. ¿Usted se imagina una constituyente con Uribe encabezando? ¿Se imagina cuántas curules ganaríamos? Es que no son sólo los temas que quiere las Farc los que están pendientes de discutir. También hay que hablar de las reformas económicas, al Congreso, a la justicia y al sistema electoral”, le dijo a El Espectador el senador Juan Carlos Vélez, uribista “purasangre”.

Para Vélez, cuando el Gobierno firmó el acuerdo de La Habana, aceptó la constituyente: “Las Farc no van a dejar las armas de inmediato, sólo lo van a hacer cuando se refrende, con la aprobación del marco normativo, lo acordado en la mesa. ¿Qué es lo que tienen que refrendar? La participación política, los derechos de oposición, la reforma agraria o lo que sea que hayan planteado. Un abanico de posibilidades así de grande sólo se puede abordar con una constituyente”, enfatizó.

Por los lados del Gobierno, ya desde el año pasado el ministro del Interior, Fernando Carrillo, le había salido al paso a la propuesta. En su concepto, la actual Carta Política está preparada para garantizar la paz y el posconflicto, afirmando que es la más progresista de Latinoamérica. Además, según Carrillo, el documento firmado con las Farc antes de las negociaciones formales afirma expresamente que no hay necesidad de ello.

Fuentes cercanas al proceso de paz han dicho que el pulso que se libra en torno a una constituyente tiene que ver también con los tiempos. El presidente Santos ha reiterado que el objetivo es concretar un acuerdo para ponerle fin al conflicto armado en el transcurso de este año, descartando una eventual constituyente. La guerrilla, por su parte, estaría apostando al largo plazo, sabiendo que su realización implica un largo proceso de convocatoria, de logística en la Registraduría, de trámite en el Legislativo y de cita en las urnas.

Asunto espinoso, no hay duda. El exgobernador Antonio Navarro es de los que creen que una asamblea constituyente es abrir una caja de Pandora: “Algo que puede pensarse con un propósito puede terminar con uno totalmente distinto. Puede terminar en un retroceso de las ganancias que se han conseguido”. Y es en este concepto donde entra, según algunos analistas, la idea de que el uribismo le jala a la propuesta, pensando en la posibilidad de abrir la puerta para una nueva reelección de su líder.

Lo cierto es que tanto el Gobierno como la guerrilla son conscientes de que sus tiempos no son los mismos. El primero sabe que este año se le vencen los términos y que están en juego definiciones políticas fundamentales, entre ellas la reelección. Propuestas de las Farc, como tener una oficina en Bogotá o en el exterior, han sido atajadas hasta ahora. Falta ver si se puede hacer lo mismo con lo de la constituyente.

Farc piden presencia de Minagricultura

Mientras en La Habana avanza la cuarta ronda de diálogos entre el Gobierno y las Farc y se discute el primer punto de la agenda de paz, el desarrollo rural, Jesús Santrich, miembro del equipo negociador de la insurgencia, pidió al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, asistir a la mesa de diálogos para que explique el estatuto de desarrollo rural, el cual consideró “una legislación de tierras y desarrollo rural que persiste (...) en entregar mayores concesiones a los terratenientes y a los rentistas”.

El jefe de la cartera agropecuaria respondió que la vocería en asuntos de paz por parte del Gobierno está en manos del equipo negociador y agregó que el Ejecutivo tiene una política agraria “de avanzada, audaz, nueva, que queremos impulsar haya o no negociaciones con las Farc y que esto se hará respetando el derecho privado, respetando la propiedad y respetando los derechos adquiridos de buena fe”.