Jubilaciones, en entredicho

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En audiencia pública la Corte Constitucional hoy revisará el tema pensional de los congresistas.

A las ocho de la mañana, en la sala de audiencias de la Corte Suprema del Palacio de Justicia, se realizará una esperada audiencia pública. Con transmisión radial y televisiva, la Corte Constitucional deberá decir si es constitucional la norma que ha permitido que muchos congresistas y magistrados se pensionen con más de $20 millones mensuales, es decir, con el 75 por ciento del ingreso mensual promedio que devengaron durante el último año de labores, sin tener en cuenta sus aportes, ni cuánto fueron sus salarios previos. Una realidad que dista de la que tienen que vivir el 80 por ciento de los colombianos que se atienen a la Ley 100, y su mesada se sienta sobre la base del 60 por ciento del promedio de los últimos 10 años cotizados.

Se trata del artículo 17 de la Ley Cuarta de 1992, que fue demandado por los abogados Germán Calderón y Dionisio Enrique Araújo porque establece un régimen especial de pensiones a favor de congresistas y magistrados que según ellos “desconoce el derecho a la igualdad y favorece a quienes devengan mayores ingresos”. Esto a pesar de la reforma constitucional 01 de 2005, que prohíbe la consagración de regímenes especiales y que estableció unos topes de mesadas que no deben superar $14 millones 800 mil. La decisión que tome la Corte Constitucional, con ponencia a cargo del magistrado Jorge Pretelt, se refiere a esas mesadas que superan los 25 salarios mínimos y podría ordenar su reajuste y revisión.

Son 626 congresistas, de acuerdo con las cifras que maneja el Fondo de Previsión Social del Congreso, que tienen esta clase de beneficios y esta cifra equivale a una mesada que supera los 12 mil millones de pesos mensualmente. La lista es grande y en ella aparecen, por ejemplo, excongresistas como Amílkar Acosta, con 20 millones de pesos mensuales; Jaime Castro, con 21 millones, o Leonor Serrano, con 18 millones. También sobresalen nombres como el de Carlos Albornoz, hoy procesado por manejos irregulares en los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes cuando dirigió esta entidad; Alberto Santofimio, condenado por la muerte del líder liberal Luis Carlos Galán, y Samuel Alberto Escrucería, el exsenador en líos por desviar cerca de 10.000 millones de pesos que iban destinados para la salud de Tumaco. Todos pensionados por Fonprecon.

Aunque no todo ese dinero viene de recursos públicos, lo cierto es que la Nación desembolsa 9.285 millones de pesos mensuales para la pensión de los congresistas. La polémica Ley Cuarta de 1992 se creó durante la administración del presidente Cesar Gaviria y su aprobación, con el guiño del Ejecutivo, fue considerada por los analistas como la forma que calmaría los ánimos revanchistas de los parlamentarios que fueron revocados y solo habían ejercido un año del período para el cual habían sido elegidos por cuenta de la instalación de la Constituyente del 91.

La disposición, que le ha asegurado a antiguos congresistas y magistrados mesadas muy superiores al tope constitucional, ha calentado el debate. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Javier Zapata, a pesar de ser beneficiario del régimen especial, dijo ayer que estas pensiones no se deben reformar, porque si se disminuyen, le quitarían independencia a la justicia y que luego de servirle al país por más de 30 años, un magistrado adquiere derechos laborales que deben ser respetados.

En el mismo sentido se pronunciaron el expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez y su sucesor, Alfonso Vargas Rincón, quienes dijeron que esta disposición es un derecho adquirido, que de ser “violado” podría terminar en multimillonarias demandas en tribunales naciones e internacionales. El Consejo de Estado ha defendido esta posición e incluso pidieron intervenir en la audiencia pública que citó la Corte Constitucional. Solicitud que fue negada por el alto tribunal.

En la orilla contraria está el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Néstor Raúl Correa, quien afirmó que es exagerado que un congresista quede pensionado con más de 15 millones de pesos, un monto con el cual cualquier servidor puede vivir dignamente. La declaración se conoce tras cerca de seis meses en que estalló el escándalo del carrusel de pensiones del Consejo de la Judicatura, que develó que varios funcionarios de este alto tribunal terminaron con mesadas millonarias de jubilación por cuenta de entrar a laborar cuatro o cinco meses de trabajo antes de cumplir la edad de retiro.
El tema de las pensiones que superan los 15 millones de pesos mensuales es más que sensible en un país en que la inequidad campea. La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dio ayer una cifra reveladora: “con el dinero con que se pagan estas pensiones se podrían pagar 3.000 de las normales”.