¿'Vaca' para revocar al alcalde Petro?

Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá. / Gabriel Aponte

Desde hace algunas semanas empezó a tomar forma el rumor de que varios concejales y contratistas investigados por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá estarían haciendo una recolecta para impulsar el proyecto de revocatoria del alcalde Gustavo Petro. En concreto, se hablaría de que era necesario recaudar unos $20.000 millones con el propósito de financiar esta propuesta, que requiere casi 300.000 firmas para convocar a la ciudadanía a las urnas.

El Espectador se dio a la tarea de corroborar esta información que viene circulando y el testimonio del investigado contratista Emilio Tapia Aldana —que en noviembre pasado llegó a un acuerdo con la Fiscalía para purgar 13 años de prisión domiciliaria— le pone otro tono al corrillo. En su caso, según él, fue a finales de octubre de 2012 que lo buscaron para que contribuyera con $2.000 millones. Aunque no quiso dar más detalles, sí ratificó lo que se anticipaba en los mentideros políticos bogotanos.

En concreto, al ser preguntado sobre si en el grupo de concejales que lo habrían contactado estarían Orlando Parada, Andrés Camacho, Antonio Sanguino o el excabildante Hipólito Moreno, así como algunos contratistas —tal como se decía—, Tapia contestó: “Sí, eso es cierto. Sé que se está organizando el tema de la revocatoria y que están contactando a muchas personas. A mí me pidieron la colaboración de $2.000 millones, pero respondí que no estaba de acuerdo. No puedo decir más porque tengo un acuerdo con la Fiscalía que me prohíbe dar detalles. En todo caso, cuando la justicia me lo solicite, profundizaré sobre este asunto”.

Por ahora el señalamiento se reduce a una declaración escueta. Sin embargo, no se trata de cualquier testigo, sino de uno que ha venido negociando con la Fiscalía desde hace casi dos años sobre las intimidades del llamado carrusel en los tiempos del alcalde Samuel Moreno Rojas. De hecho, para la Fiscalía está claro que Tapia era, a la sombra, el verdadero articulador de la maquinaria del cartel que hoy tiene enredados a Samuel Moreno, su hermano Iván, el abogado Álvaro Dávila, los primos Nule, el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, la exdirectora del IDU Liliana Pardo y su secretario jurídico Inocencio Meléndez, y el excontratista Julio Gómez.

De ser cierta su versión, quedaría claro que algunos de los investigados por el millonario desfalco a Bogotá estarían moviéndose para promover la revocatoria de la administración Petro, tal como en repetidas ocasiones lo ha denunciado el alcalde o su círculo de colaboradores, al referirse a que las mafias a las que él les arrebató supuestos contratos leoninos o ilícitos se confabularon para cobrar su cabeza. “Lo que hemos hecho es quitarles centenares de miles de millones de pesos a contratistas oscuros que se apropiaron de ellos y que necesariamente tenían poder político. No se construye un cartel de la contratación sin éste”, señaló el mandatario de los bogotanos.

En diálogo con El Espectador, Petro recalcó que aunque no sabía con exactitud de las supuestas maniobras de sus enemigos políticos, no le extrañaba la información denunciada, y que lo que está claro es que hay una trinca delictiva en retaliación por haber desmantelado una organización que defraudó al Distrito. “El señor Parada es amigo de un contratista llamado Manuel Sánchez, quien trabajó en su momento con Julio Gómez y con Samuel Moreno. Además, Parada ha promovido acciones y demandas en contra mía, porque busca el camino más expedito para que esta Alcaldía deje de funcionar”, agregó.

Por último, el alcalde se quejó de la lentitud de la Fiscalía en la investigación por el carrusel. “Ha avanzado en algo sobre los contratistas, pero nada sobre los políticos. La Alcaldía se constituyó como víctima en esos procesos y estamos pensando en escenarios internacionales si aquí se sigue negando la justicia para los bogotanos. El acervo probatorio sobre el cartel es tan voluminoso y las confesiones tan abultadas, que no entendemos la demora. Esperamos que en el próximo semestre se puedan judicializar el brazo político y el de los contratistas. De lo contrario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede ser una opción”.

Los políticos salpicados por Emilio Tapia en una presunta colecta para financiar la revocatoria de la Alcaldía negaron con vehemencia tal posibilidad, anunciaron demandas y alguno de ellos, de hecho, sostuvo que públicamente se ha mostrado en contra de la iniciativa que pretende sacar del Palacio Liévano al mandatario capitalino. El concejal Orlando Parada —investigado por la Fiscalía y la Procuraduría de manera preliminar por el carrusel— señaló sin rodeos: “Eso es paja. Están buscando cómo enlodar el proceso de revocatoria. No sé a qué está jugando el señor Emilio Tapia, a quien ni conozco”.

El cabildante, frontal opositor de Gustavo Petro, aclaró que el único concejal que ha apoyado la revocatoria que lidera el representante Miguel Gómez es él, que lo poco que se ha hecho ha sido con las uñas y que desde noviembre pasado supo del rumor del que habla Tapia. “Lo que quieren es favorecer al alcalde. Esto es una bellaquería. Lo último que haría en mi vida sería acercarme a un tipo como Emilio Tapia, lo cual indicaría una movida no sólo suicida sino torpe. Es de público conocimiento que entre Gustavo Petro y Tapia hay una mediana cercanía, por lo tanto, sería un kamikaze si hubiera hecho eso”.

Por su parte, el concejal Antonio Sanguino, quien ha liderado las denuncias sobre el desastre en el manejo del nuevo esquema de basuras e incluso ha llegado a pedir que se indague si en desarrollo de los millonarios contratos de los camiones recolectores ha habido lavado de activos, manifestó: “Esto es una vil calumnia, una falsedad. He rechazado públicamente la revocatoria del mandato del alcalde Petro, incluso he polemizado en radio con su promotor, el representante Miguel Gómez. ¿Cómo podría ponerme a hacer una colecta? Voy a denunciar al señor Tapia, que tal parece que pasó de testigo en el carrusel de la contratación a integrar el carrusel de los falsos testigos”.

El Espectador intentó ubicar al concejal Andrés Camacho y al excabildante Hipólito Moreno —quienes, al igual que Sanguino, rindieron interrogatorio hace tiempo por el carrusel de la contratación—, pero al cierre de esta edición había sido imposible ubicarlos. Hasta el año pasado, Moreno se encontraba adelantando estudios en Salamanca (España). En todo caso, ambos en múltiples declaraciones han sostenido que sus actuaciones como funcionarios han sido transparentes y han rechazado las investigaciones en su contra, así como los informes del entonces senador Petro en los que se les relacionaba como enlaces del cartel.

Sobre los cuatro mencionados por Tapia, El Espectador conoció por qué están siendo indagados. A Parada lo relacionan con cuotas y contratos en el Fondo de Vigilancia, el Acueducto y la Unidad de Mantenimiento Vial. A Camacho, con varias fundaciones en las que habría tenido injerencia, y con el supuesto control a través de terceros de los hospitales de Fontibón y Chapinero. A Sanguino, por su supuesta influencia en el Acueducto a través de Andrés Cardona y por algunos contratos en la Empresa de Renovación Urbana. Y a Hipólito Moreno, por el cuestionado contrato de ambulancias y en la unidad de mantenimiento vial.

Al margen de toda esta polémica, el representante a la Cámara Miguel Gómez le dijo a este diario que en octubre de 2012, cuando Tapia habría sido contactado, “ni siquiera estábamos pensando en la revocatoria”, que ningún concejal está apoyando este esfuerzo y que él prefiere que sea así para que no se politice (ver recuadro). De todas maneras, lo dicho por Tapia constituye el último capítulo de un escenario de poderes cruzados y acusaciones mutuas que dejan varias preguntas: ¿Por qué hasta ahora Tapia se animó a revelar esta información? ¿Se quiere contaminar el proceso de la revocatoria? ¿Estos concejales sí lo buscaron para financiar una colecta?

En Twitter: @jdlaverde9