La agenda del desarme

Según el primer mandatario, el tráfico de drogas está íntimamente ligado al tráfico ilegal de armas, de las cuales se estima que en Colombia hay cinco millones.

Según el presidente Juan Manuel Santos, el mundo debe revisar cuanto antes el comercio de armas que tanta violencia está causando .  / AFP
Según el presidente Juan Manuel Santos, el mundo debe revisar cuanto antes el comercio de armas que tanta violencia está causando . / AFP

Más allá de los logros en materia de relaciones políticas o comerciales, la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) con la Unión Europea —que se realizó durante el fin de semana en Chile— sirvió para reafirmar el liderazgo que el presidente Juan Manuel Santos quiere asumir en la región y el mundo de cara al replanteamiento de la lucha contra las drogas. Y, como una arista de ese dilema, que cobra relevancia para el país teniendo en cuenta el proceso de paz que se adelanta entre Gobierno y Farc, la necesidad de que exista en el mundo una regulación al comercio de armas.

“La Declaración de la Cumbre Celac-Unión Europea hace un llamado para que en el seno de las Naciones Unidas (ONU) se trabaje en ese control más estricto en el comercio de armas. Porque, como ahí se ha dicho tantas veces, como lo hemos dicho también tantas veces nosotros, el tráfico ilegal de drogas está íntimamente ligado al tráfico ilegal de armas. Los dos, tanto las armas como las drogas, están generando problemas crecientes de violencia en nuestras sociedades. Por eso, un mayor control y nuevas alternativas tenemos que estudiarlas para poder encontrar mejores soluciones”, expresó el mandatario en una declaración pública al término del evento.

Santos tiene sus argumentos. De acuerdo con ‘Blancos en Movimiento’, de Small Arms Survey, una publicación anual realizada por un equipo de investigadores en Ginebra (Suiza) y una red internacional de investigadores en varios países, más del 70% de los homicidios en el país son perpetrados con armas de fuego. El análisis reseña que en América Latina y el Caribe “la violencia relacionada con las drogas y la violencia no letal en el mundo entero muestran que la seguridad es un blanco en movimiento, ya que la violencia armada, letal o no letal, continúa socavando el bienestar de personas y sociedades. Detener la proliferación de armas pequeñas, objetivo previsto en el programa de acción de la ONU, pareciera ser también un objetivo escurridizo”.

En efecto, se trata de un tema que ya está agendado para ser abordado en marzo en las Naciones Unidas. Desde octubre de 2011, el Primer Comité de Desarme y Seguridad de la Asamblea General había acordado trabajar hacia un histórico tratado internacional sobre el comercio de armas. Para el Servicio de Enlace con las Organizaciones no Gubernamentales (SENG), “este sería un paso importante hacia la regulación de la venta mundial de armas, una industria en crecimiento que genera cientos de billones de dólares al año y contribuye a las 2.000 muertes diarias a causa de la violencia armada”.

La resolución, adoptada el 26 de octubre en una votación de 153 a 1 —con 19 abstenciones—, aboga precisamente por una conferencia de las Naciones Unidas acerca del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), con el fin de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante con los más elevados estándares internacionales comunes para la transferencia convencional de armas. Zimbabue fue el único país que votó en contra, y Rusia y China —dos de los principales comerciantes de armas del mundo— se abstuvieron. Muchos países de Oriente Medio también se abstuvieron, mientras que casi todas las naciones latinoamericanas y africanas votaron a favor de la resolución.

Un gran logro fue que Estados Unidos, responsable de más del 68% de todas las exportaciones mundiales de armas, votó a favor, revirtiendo su posición histórica. Hoy, a nivel interno, los estadounidenses discuten la regulación de la venta de armas tras la masacre de Newtown, en la que un joven de tan solo 20 años asesinó a 27 personas, entre ellas 20 niños. Para la Oxfam, organización internacional que trabaja en 92 países en contra de las injusticias y la pobreza, el reto será garantizar que el contenido y la calidad del tratado que se suscriba en la ONU sean suficientes: “Su eficacia depende de que ofrezca un mecanismo global integral, sólido y jurídicamente vinculante que sea lo más inequívoco posible”.

Lo cierto es que el presidente Santos asume una nueva bandera en el escenario internacional, que sin duda tiene repercusiones en la mesa de diálogos con las Farc en La Habana, donde el tema del desarme tarde o temprano tendrá que ser asumido. Según el Observatorio de Armas y Drogas Ilícitas de la Universidad del Rosario, en Colombia hay cinco millones de armas de fuego ilegales y un dato dramático tiene que ver con la cifra de 2.670 niños afectados por balas perdidas. Por eso, el criterio es que un eventual plan desarme con la guerrilla no solo puede centrarse en cuantificar el número de armas entregadas y destruidas, sino que también debe considerar medidas para reducir la disponibilidad de armas en manos de civiles, así como acciones dirigidas a modificar las actitudes o preferencias de las personas frente a las armas.