Presupuesto de defensa, en riesgo por corrupción

La compleja situación de orden público que enfrenta el país por cuenta de 50 años de guerra, la lucha contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y el surgimiento de las denominadas bandas criminales (Bacrim), son los argumentos para que uno de los renglones más importantes del presupuesto nacional sean destinados para seguridad y defensa. Sin embargo, existe la preocupación por el último informe la ONG Transparencia Internacional, que ubica al sector defensa con un nivel moderado de riesgo de corrupción.

La alerta cobra importancia si se tiene en cuenta que en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2013 es de $21.5 billones, casi la mitad de la inversión social que va a realizar el país. No obstante, vale la pena señalar que el informe de la ONG se realizó en 84 países y en el comparativo global, Colombia no sale mal librada. Solo hay dos países en el mundo que tienen mínimo riesgo y los demás, en su mayoría, se ubican en alto riesgo.

Para Transparencia, uno de los factores que resultan favorables es la reducción del “secretismo” sobre el presupuesto y los controles a la venta de activos del sector defensa. Los dos puntos son destacados como avances para Colombia. “Menos del 1% del total del presupuesto de defensa se va en gastos reservados por parte de las entidades de defensa”, menciona el índice anticorrupción.

Sin embargo, pese a que el nivel de riesgo en Colombia es calificado como moderado, hay temas que podrían minar la confianza y abrir espacios para posibles actos de corrupción. Por eso el informe señala que es necesario prestar atención a riesgos de corrupción en las operaciones militares y en los procesos de adquisición. “Hay capacitación en temas anticorrupción al personal, pero no específicamente en las operaciones militares. Existe regulación a los contratistas, sin embargo, los contratos extranjeros no siempre son discutidos por el Congreso”.

Además, advierten de una medida que podría afectar la transparencia en el sector defensa. Se trata de la posibilidad de que la Corte Constitucional declare exequible el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información, que excluye del ámbito de aplicación los documentos relacionados con seguridad, defensa nacional y relaciones internacionales. Quiere decir esto que estos temas tendrían un reserva especial impidiendo la veeduría pública.

Al respecto, Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, manifestó que “la transparencia en los sectores con mayor asignación presupuestal es clave. Actuar donde hay potenciales riesgos de corrupción, como el sistema de pago de personal, operaciones militares y la contratación es importante, pero aun hay mucho que hacer en la apertura informativa, lo que permite a los ciudadanos hacer control social para prevenir la corrupción”.

Recomendación que tiene gran validez si se tiene en cuenta que existen factores que pueden afectar la transparencia en el sector defensa y seguridad que maneja uno de los montos más elevados de la nación.