El destino al que se pretende llegar cuando se inicia una negociación de paz como la que adelantan el Gobierno y las Farc es abandonar la lucha armada y empezar la lucha política, cuyo último veredicto lo dictarán las urnas.

Es ese uno de los cinco puntos que establece el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto con el que el presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio de los diálogos con la guerrilla.

Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez ha sido contundente al señalar que quienes hayan sido condenados o sean investigados por delitos de guerra y de lesa humanidad, no tendrán derechos políticos.

Una sentencia que pondría en riesgo los diálogos de paz con las Farc, pues tal como señalan analistas, no hay forma de entender una negociación de este tipo que no culmine con la participación política de quienes dejen las armas. Pero, como están las cosas, ninguno de los miembros de la guerrilla que se encuentran en La Habana tendría esa posibilidad.

Tal como lo confirmó el fiscal General, Eduardo Montealegre, fueron 191 órdenes de captura vigentes contra los negociadores de las Farc que tuvieron que ser levantadas al momento de iniciar los diálogos. Solo Iván Márquez, máximo jefe de la guerrilla, tiene 132 órdenes de captura por diferentes procesos, 30 de ellos con sentencias condenatorias por toma de rehenes, terrorismo, rebelión y secuestro.

Los argumentos jurídicos de Ordóñez son claros y asegura que “el tratamiento de quienes han incurrido en delitos de carácter internacional es más complejo, al encontrarse una clara limitación jurídica en el bloque de constitucionalidad, que impide que puedan ser beneficiarios de amnistías, de indultos y de derechos políticos (…) La participación en política quedará proscrita para los miembros de las Farc que hayan sido condenados por haber cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, pues así lo dispone el Artículo 122 de la Constitución”.

Pero no es solo el artículo 122 del que habla el procurador Ordóñez el que plantea ese complejo escenario. El denominado Marco Legal para la Paz que tramitó el Gobierno con la finalidad de contar con una herramienta que garantice el éxito de las negociaciones también es claro frente a este tema. El Artículo Transitorio 67 dice que “una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político (…) No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistémica, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por ese delito”.

Un debate jurídico de complejo calado. Pero la advertencia de Ordóñez es clara y podría convertirse en una piedra en el camino para la paz pues afirmó que existe un mandato constitucional que le exige a la Procuraduría “hacer seguimiento permanente a los acuerdos a los que se llegue en la mesa de negociación con las Farc, pues el anhelo de paz no puede ser alcanzado a cualquier precio”.

Y fue más allá. “Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los Derechos Humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas”.

Tal como están las cosas el segundo punto del acuerdo marco que plantea que “las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana” dependería de una reforma constitucional, para algunos necesaria. El exgobernador de Nariño y desmovilizado del M- 19, Antonio Navarro Wolf, afirmó en entrevista con El Espectador que “esta es una guerra sin victoria. Espero que logren los acuerdos para participar en política; eso sí es esencial, porque una paz que no permita a los altos mandos guerrilleros participar en política es innegociable”.

Para Navarro “desde el año 2000 hasta ahora se han firmado por lo menos diez procesos de paz en el mundo y todos han incluido participación en política de los jefes desmovilizados. Una negociación se abre cuando las razones de la insurgencia son políticas y la solución más simple es que dejen las armas y busquen los objetivos en las urnas”.

Argumentos de parte y parte, pero es claro que la negociación que se adelanta con las Farc dista mucho que la que se realizó con el M-19 en 1990 y el ordenamiento jurídico, en especial de Derecho Internacional, ha cambiado mucho en 20 años. Además, sin importar la intención de finalizar el conflicto, que es la meta central de los diálogos en La Habana, ya tienen una veeduría a todas luces preocupante, la advertencia del procurador Ordóñez de hacer seguimiento a los acuerdos a los que lleguen Gobierno y Farc.