'Ni santismo ni uribismo tienen razón en casas de Pradera'

Damaris denuncia además que a treinta familias no se les otorgó el subsidio a la tasa de interés social. Y que en la Alcaldía se les ofreció un subsidio municipal que hoy nadie les quiere reconocer. / El Espectador

Una nueva versión se suma a la pelea política que las 91 casas gratis en Pradera (Valle) desató entre el presidente Juan Manuel Santos, su ministro de Vivienda, Germán Vargas, y el exmandatario Álvaro Uribe y su vicepresidente Francisco Santos , desde el lunes, cuando cada bando insiste en cobrarse los réditos políticos de la iniciativa de vivienda. 

La historia de Damaris Melinde es la de muchos colombianos que quedan en la mitad de los discursos de los políticos, y que al final no le da la razón a ninguno de ellos. Esta mujer también estaba en el evento de la entrega de casas que hizo Santos y Vargas en Pradera el lunes, pero a diferencia de muchos de los asistentes que aplaudían emocionados, ya sea porque eran beneficiarios o porque anhelaban serlo, Damaris estaba indignada.

Ella representa a 50 familias humildes que ya son habitantes de las viviendas de interés social del proyecto Altos de la Pradera que construyó la caja de compensación Comfandi, donde el Gobierno compró las 91 casas gratis que entregó el lunes.

La historia, al margen de la pelea entre Santos, Vargas versus Uribe, Pacho, es la siguiente, según Damaris: La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca (Comfandi) le compró los lotes de Pradera al exdiputado Sigifredo López y el proyecto empezó a vender sus primeras casas de interés social en el segundo semestre de 2010, cuando Uribe ya le había entregado la Presidencia a Santos.

Las casas sin adecuaciones estaban terminadas en marzo de 2012. El primer vecino fue Luis Carlos Cobo. Las otras familias que compraron llegaron poco a poco, cuando los bancos les desembolsaron los créditos de vivienda que solicitaron. Damaris cuenta que en el segundo semestre del 2012, cuando vio en la región al ministro Vargas Lleras, trascendió que 91 casas del proyecto de interés social habían sido compradas por el Gobierno para el proyecto de 100 mil casas gratis, y recuerda el acto en que el ministro Vargas firmó el contrato de compraventa por un valor del 20 por ciento de la compra.

Eso quiere decir, que de acuerdo con la versión de esta mujer, ni Uribe ni Vargas tienen razón. El proyecto no se habría hecho bajo la administración de Uribe y las casas ya estaban construidas y solo les faltaban algunas adecuaciones para ser entregadas.

Parte de esta historia quedó consignada en una carta que la comunidad escribió, con fecha del 11 de febrero de 2013, destinada al presidente Juan Manuel Santos, y según la cual en este proyecto de 195 casas de Comfandi se vendieron 104, con promesa de compraventa. De esas, 50 ya se encuentran habitadas por personas humildes, como Damaris, que hoy tienen deudas de hasta 20 millones de pesos que tienen que pagar a 15 y 20 años de forma hipotecaria, "con la dura zozobra de que en el momento en que no cubramos una cuota el banco se apodere de nuestras casas", dice la misiva.

Damaris denuncia además que a treinta familias no se les otorgó el subsidio a la tasa de interés social. Y que en la Alcaldía se les ofreció un subsidio municipal que hoy nadie les quiere reconocer.

Ella es clara en decir que no se opone a que personas desplazadas en pobreza extrema, o que perdieron su hogar por la ola invernal en 2007 y 2008 sean beneficiarias de una casa, como sucede con quienes estaban inscritos en la Red Unidos, y que recibieron 41 casas. El resto de beneficiarios lo son por un sorteo público entre personas de extrema pobreza.

Por ahora, Damaris quiere sencillamente que el Gobierno les reconozca algún subsidio como el de internet, que les prometió el lunes el ministro Vargas Lleras, y recuerda el día en que llegó el mismo funcionario a decir que allí se iba a implementar el plan Primera Piedra, cuando “este proyecto ya estaba en marcha y las casas ya estaban construidas”.

Sin embargo, reconoce, que a las viviendas gratis les faltaban algunas adecuaciones importantes, como internet, puertas, en vez de rejas, y unas paredes, que se terminaron en diciembre de 2012, y que a las familias que compraron sí les tocó pagar.

La certificación del Fondo Nacional de Vivienda, que en la tarde del martes dio a conocer el Ministerio de Vivienda, tampoco desmiente a Damaris, porque dice que este proyecto “culminó su construcción en diciembre del 2012”, y esas serían las adecuaciones que esta mujer señala que vio hacer. El documento menciona también que ningún Gobierno anterior financió esta iniciativa, y eso también lo tenía claro esta mujer.