'Nadie se ha muerto de una sobredosis de marihuana'

El expresidente Ernesto Samper dice que en el tema de las drogas es necesario descriminalizar el consumo y el cultivo de plantas ilícitas. / Fotos: Óscar Pérez

El expresidente Ernesto Samper habla de drogas con propiedad. El próximo jueves se hará el lanzamiento oficial de su libro Drogas, prohibición o legalización, una nueva propuesta (Debate). En diálogo con El Espectador, el exmandatario habla de la necesidad de una alternativa que no contemple cárcel para quien consuma estupefacientes o cultive plantas ilícitas. También va más allá y propone audazmente una fórmula para institucionalizar la producción de drogas, al igual que reconoce que en su juventud probó la marihuana y que el fantasma del proceso 8.000, junto a la en su momento estricta política antidrogas de Estados Unidos, hicieron trizas cualquier expectativa que tuviera de cara a una política alternativa durante su gobierno.

¿Por qué cree que tiene autoridad para escribir y hablar sobre el tema de drogas?

Como colombiano, creo que este país ha pagado unos costos muy grandes en la lucha contra el narcotráfico y los sigue pagando en materia de violencia, de corrupción y de desajuste de su propia economía, y esa es una razón que a cualquiera le da autoridad moral para pedir una política alternativa. Como persona que ha estado vinculada a la actividad pública, creo que la mitad del tiempo de un presidente de Colombia se le va en resolver problemas relacionados con las drogas, e históricamente yo fui la primera persona que planteó, hace más de 30 años, el tema de la legalización, cuando el problema de la droga estaba concentrado en la Sierra Nevada de Santa Marta.

¿Será que con este libro quiere ‘reencaucharse’ como abanderado de la legalización?

No sé si se trata de tomar de nuevo las banderas, pero más bien es una clase de exorcismo. Es constatar 30 años después que muchas de las cosas que planteé —por las que me llovieron rayos y centellas y fue el comienzo de mi ‘luna de miel’ con los Estados Unidos— fueron profecías cumplidas. Si en ese momento hubiéramos intervenido de una manera diferente el problema, por ejemplo, comprando las cosechas de marihuana de los campesinos de la Sierra Nevada, no se hubiera reproducido el fenómeno como se produjo. De todos modos, en el fondo es una sacadita de clavo para mí.

En su libro habla de un millón 800 mil colombianos que han confesado que han consumido alguna droga. Confiese usted...

Pues, como muchos colombianos de mi generación, yo pasé por la época de la ‘marimba’ fugazmente y no probé más.

Como dice en el libro, ¿por qué ni cárcel ni bolillo para adictos?

Le puedo dar cien razones, pero hay una que me parece objetiva, clara, pragmática y no contaminada éticamente, que es la económica. Los modelos que se han venido trabajando, sobre todo en Estados Unidos, señalan que lo que se consigue en reducción del consumo con una campaña de prevención es diez veces más efectivo.

¿Es posible desligarse de Washington a la hora de legislar sobre una nueva política antidrogas?

Es claro que la política prohibicionista está animada y sostenida por la política exterior de Estados Unidos y que allá el tema de las drogas no es propiamente un problema de salud pública, sino un debate de corte ético que enfrenta sectores tradicionales y progresistas. Pensar que en Estados Unidos se va a dar una revisión inmediata de la lucha contar las drogas porque se discutió en una Cumbre de las Américas es muy ingenuo, pero sí es un hecho inédito que hayan decidido sentarse a discutirlo.

Entonces, retomando la frase que usted acuñó, ¿en la lucha antidrogas allá varillo y aquí varilla?

Así es, la política antidrogas forma parte de la política exterior de Estados Unidos, que busca un objetivo perverso para infundirles miedo a los norteamericanos. Y toda la política internacional está estructurada sobre la base de la defensa de los norteamericanos sobre esos ogros del mal que se van identificando y renombrando.

¿Pero cómo es la política alternativa que propone?

Que para controlar el consumo de drogas se busquen otras formas de castigo social que no sean la cárcel. También recojo la propuesta del presidente Santos del tema de los impuestos para la distribución, y eso está totalmente validado por los modelos económicos, que dicen que es mucho más fácil controlar una mercancía que funciona legalmente, que una ilegal.

Una propuesta que tiene relación con la que usted hizo en los 80, cuando planteaba institucionalizar las mafias. ¿Sigue sosteniendo esta teoría?

Pienso que hay que mantener el combate a estas organizaciones. Es necesario, no por el tema de las drogas sino por el daño que están haciendo a las instituciones, pero en la medida en que se avance en una propuesta para que los distribuidores de drogas paguen unos impuestos altos, el negocio del narcotráfico se iría acabando, porque allí lo que importa es el riesgo que impone la política prohibicionista.

¿Qué opina de los centros de rehabilitación para consumidores en Bogotá?

Apoyo la idea, porque creo necesario que se distinga entre la adicción y el tráfico. Confundir a los narcotraficantes con los consumidores, como pretendió hacerlo la reforma constitucional del expresidente Uribe, es un retroceso y un error estratégico monumental. Tampoco se puede creer que todos los consumidores son adictos. Alguien que se fuma un ‘cacho’ no es un adicto ni mucho menos un delincuente. No todo el que se toma un trago es alcohólico.

¿Por qué hay que darle a la marihuana un tratamiento especial?

Porque siempre estuvo fuera del índex de las drogas y en los años 50 se incluyó por una simple decisión política. No ha habido un solo paciente que se haya muerto de sobredosis de marihuana y son 200 millones de consumidores en el mundo. Eso supone un buen índice.

¿Ve al presidente Santos con el coraje para emprender una política de legalización como la de José Mujica en Uruguay?

No lo veo tan suicida. Es que en un país pequeño como Uruguay, todo es más fácil. Esa es una propuesta valiente pero suicida, que ya está de alguna manera echando para atrás. Estas decisiones hay que tomarlas de forma multilateral, porque todo está montado en una maquinaria diabólica que tiene que desarmarse de la misma manera. Hay que empezar por devolverle a la Organización Mundial de la Salud una buena definición de qué tipo de drogas son o no dañinas.

En su libro dice que el gobierno de César Gaviria se opuso tenazmente a la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la dosis mínima. Hoy Gaviria es abanderado de la lucha contra la política prohibicionista. ¿Cree que es una voz autorizada?

Yo lo menciono no con ánimo crítico sino para señalar que si una persona en un determinado momento tuvo esa postura y hoy está defendiendo con vehemencia la política contraria, es porque existen argumentos de fondo como para cambiar de posición.

Claro que en ese momento usted estuvo de acuerdo con Gaviria y sostuvo que la sentencia de la Corte era “inconveniente y peligrosa porque le abriría las puertas a la drogadicción generalizada”...

Hay que mirar el contexto. Eso fue en los 90, la mafia ya había asesinado a Luis Carlos Galán, el país estaba muy sensibilizado alrededor del tema y el consumo se mezclaba con el narcotráfico. Creo que estaba en plena campaña y obviamente haber salido a legitimar una propuesta legalista era peligroso. Eso no quiere decir que no piense que esa sentencia de Carlos Gaviria es histórica.

El académico Juan Gabriel Tokatlián sostiene que el fantasma de los ‘narcocasetes’ y la realidad de la diplomacia coercitiva de Estados Unidos hicieron trizas cualquier expectativa de una política menos prohibicionista en su gobierno. ¿Qué piensa de eso?

Me tocó vivir el momento más duro de la política antidrogas de los últimos 20 años de Estados Unidos y reconozco que eso hizo difícil la gobernabilidad. No me lamento de que no hubiera podido avanzar en la legalización, porque era prácticamente un imposible en ese momento en el mundo.

¿Será que el escándalo del proceso 8.000, con Cartel de Cali a bordo, significó una atadura para actuar más libremente?

En el primer capítulo del libro hablo de cómo los dineros de la droga no solamente financiaron campañas. Por Dios, también financiaron a la guerrilla y a los grupos privados. El narcotráfico estaba metido hasta en la sopa. Creo que lo que hemos logrado hacer, y no lo reivindico como algo mío sino de todos los gobiernos, es estructurar una política de respuesta a ese fenómeno.

El tema agrario que han tocado las Farc en La Habana está muy relacionado con el tema de legalizar los cultivos ilícitos. ¿Está de acuerdo con eso?

Las Farc tienen la razón: la violencia armada en el sur del país ocurrió en aquellas regiones que habían sido más abandonadas por el Estado, y si a eso se le suma que la única presencia que hubo fue a través de figuras como el Plan Colombia —una presencia represiva sin un acompañamiento social—, pues es claro que el tema de los cultivos ilícitos sí estuvo vinculado a la alimentación del conflicto armado y hacia adelante el país deberá tener en cuenta los planteamientos de la guerrilla.

¿El comienzo de los grandes cambios?

La guerra contra las drogas fracasó, ¿ve cerca un cambio de paradigma que deje atrás la política prohibicionista, teniendo en cuenta que Obama aceptó sentarse a discutir con sus colegas del hemisferio?

La discusión va más rápido de lo que iba hace algunos años y lo que podríamos llamar los fundamentos del prohibicionismo están concentrados esencialmente en una política que existe desde hace 100 años, que empezó con los tratados del opio en 1912, y se mantiene intacta. Ha habido avances, ya muchos países, especialmente en Europa, aceptan que resulta más costoso el remedio que la enfermedad, que los daños colaterales que está produciendo el tema de las drogas comienzan a ser más graves que los posibles beneficios en la reducción del consumo. También en Estados Unidos, a nivel federal, se están tomando decisiones de fondo, especialmente en el tema de la marihuana, como sucedió en Oregon, Washington y Ohio, y los grandes cambios siempre empiezan así.

Algunas recomendaciones de Samper para una transición

Mientras empieza la estrategia alternativa, es necesario poner en marcha un programa de reducción del daño social que hoy causa la política prohibitiva”.

La criminalización como eje articulador de la política de lucha contra las sustancias prohibidas debe ser reemplazada por la resocialización no punitiva de los actores más débiles”.

Establecer desde el comienzo una clara diferencia entre producción, exportación, distribución y consumo, cuyos escenarios, actores y responsabilidades
son distintos”.

La marihuana debe recibir un tratamiento especial e independiente de las demás drogas. Este trato se justifica por su relativa inocuidad para la salud, comparada con otras sustancias tóxicas”.

En Twitter: @Natal1aH @hgarciasegura