Defensoría del Pueblo ejercerá vigilancia especial a Colpensiones

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, aseguró que estará atento durante los próximos meses a los compromisos asumidos por la presidenta del Instituto de los Seguros Sociales (ISS) en liquidación, Silvia Helena Ramírez, y del presidente de Colpensiones, Pedro Nel Ospina, para ponerle fin a las congestiones que en materia de pensiones públicas se vienen registrando desde el momento en que se dio el tránsito entre las dos entidades.

Durante una reunión, citada por el Defensor del Pueblo, que contó con la participación del Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, y de la Contralora, Sandra Morelli, se presentaron los cronogramas detallados de las dos entidades para que antes de finalizar este año se ponga fin a las dificultades de quienes aspiran al reconocimiento de su pensión.

El ISS en liquidación se comprometió ante los organismos de control (Defensoría, Contraloría y Procuraduría) a tener cerrada la entrega de los 77.000 pendientes de decisión de prestaciones económica del régimen de prima media antes del 30 de junio. De la misma forma, al 30 de marzo entregará los 10.839 actos administrativo expedidos por el ISS antes de la expedición de los decretos de su liquidación (28 de septiembre de 2012). Por su parte, Colpensiones hizo el compromiso de cumplir un cronograma de trabajo en el que al finalizar este año no tendría más peticiones represadas.

Otálora Gómez, destacó que la Defensoría del Pueblo viene atendiendo el clamor de los ciudadanos y por eso ha venido adelantando varias mesas de trabajo en las últimas semanas junto con todos los actores interesados en el tema pensional, con el fin de evitar que sigan creciendo las tutelas en la materia y que sobre todo la población que había cumplido con los requisitos obtenga su pensión.

En el último año, de las 424.000 tutelas interpuestas en el país 74.000 correspondieron a temas pensionales. Sin embargo, la mayoría de ellas (90%) correspondió a derechos de petición de personas que reclaman información, orientación o consulta sobre sus procesos pensionales, la cual no era suministrada de manera satisfactoria por parte de Colpensiones o del ISS en liquidación. Esta situación genera congestión tanto a la Rama Judicial como a las entidades que están tramitando las pensiones de aquellos ciudadanos que sí cumplen con los requisitos.

“Con los compromisos hechos por las dos entidades creo que empezamos a transitar por el camino indicado. Ahora la prioridad se les dará a quienes solicitan el reconocimiento de pensión por invalidez, a las personas que están solicitando una sustitución pensional, a los que hacen su petición por primera vez y por último a los que piden reliquidación de pensiones”, agregó el Defensor.

Por último, se mostró preocupado las cifras presentadas por la Contralora Morelli según las cuales el poder judicial gasta cerca de 1,8 billones de pesos en cerca de 280.000 procesos relacionados con el no pago oportuno de las pensiones. “Esto no se presentaría si las instituciones estuvieran trabajando como corresponde”, puntualizó Otálora.