Las cartas destapadas del fiscal

Para Montealegre, la prisión no es la única forma de ejercer justicia. / El Espectador

En medio de la marcha por la paz del pasado martes 9 de abril, además del apoyo del gobierno Santos, la administración Petro y las organizaciones políticas a la iniciativa de la Marcha Patriótica, quedó en evidencia otro aliado incondicional de peso para los diálogos de La Habana: el fiscal general Eduardo Montealegre, quien no sólo salió a marchar con una nutrida delegación del ente investigador, sino que destapó sus cartas sobre la forma como la entidad a su cargo quiere darle una mano clave a la negociación.

“Por Constitución, nosotros vamos a empeñarnos a fondo por sacar adelante este proceso de paz, porque es un compromiso de todos los colombianos”, definió públicamente Montealegre su postura de respaldo a los diálogos de La Habana. Y luego entró en detalles judiciales y políticos. Criticó al expresidente Álvaro Uribe y calificó de imprudente su divulgación de las coordenadas de ubicación de los guerrilleros que iban a partir hacia Cuba, así como consideró equivocado el criterio del procurador Alejandro Ordóñez en su concepto negativo sobre el Marco por la Paz.

Previa a su participación en la marcha, Montealegre se había pronunciado para revelar la suspensión de 50 órdenes de captura en favor de seis nuevos negociadores de las Farc, declarándose dispuesto a suspender cualquier otra, según lo requerido por el gobierno Santos. El alto funcionario reiteró una y otra vez que le parece peligroso que se abra camino la creencia de que la paz es sinónimo de impunidad. En tal sentido, expuso su apoyo a que la justicia transicional sea la fórmula para saldar las cuentas de los guerrilleros con la justicia.

Y para hacerlo, aportó un dato que pasó desapercibido en medio de la euforia por la marcha, pero que representa un punto de partida, debatible o no, pero determinante: “En este momento no existe ninguna condena contra un miembro del Secretariado de las Farc por delitos de lesa humanidad”. De ser así, no cabe duda de que resulta más fácil abordar el esquema de imputación judicial a los altos mandos de la organización, con la otra certeza que planteó también el fiscal Montealegre: “En la actualidad, todos los miembros del Secretariado podrían participar en política”.

Sin conexión con la postura del fiscal, al menos el pasado 15 de marzo cuatro altos mandos de las Farc se quitaron de encima una grave condena. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali dejó sin validez la sentencia que pesaba contra los jefes guerrilleros Timochenko, Efraín Guzmán, Pablo Catatumbo e Iván Márquez, por el asesinato del arzobispo de esa ciudad, monseñor Isaías Duarte Cancino, ocurrido en marzo de 2002. Dos de los absueltos son hoy negociadores en los diálogos de La Habana.

En particular, el jefe del bloque Occidental de las Farc, Pablo Catatumbo, acaba de vincularse a la mesa de negociación en Cuba, y además de hacer equilibrio con la posición de Iván Márquez, según fuentes de El Espectador, va a tomar vocería política con una carta regional fuerte que además encaja en el discurso gubernamental en el contexto del posconflicto: la defensa de las comunidades indígenas y campesinas, en especial del departamento del Cauca, y sus luchas por el acceso a la tierra y la creación de las zonas de reserva campesina.

Más allá de los nuevos roles en La Habana, la hora de las decisiones depende de dos escollos inmediatos: el escenario de justicia transicional para resolver las deudas de la guerrilla con la justicia y, solucionada esta situación, la opción de abrir las puertas a la participación en política. Y para superar estas dos fases, no puede haber un mejor aliado que el fiscal general de la Nación. Tanto, que incluso ya respaldó también el anuncio que hizo el presidente Santos, en el sentido de que habrá beneficios por igual para guerrilleros y militares.

En otras palabras, con el fiscal a bordo el proceso de paz tiene un piso firme. Lo admitió el senador liberal Juan Fernando Cristo, cuando observó que las posturas del alto funcionario le dan “solidez jurídica a la paz y al avance de las negociaciones”. El representante a la Cámara Alfredo Bocanegra lo definió en términos jurídicos: “Los delitos de lesa humanidad son los únicos que impiden participar en política. Si no hay, yo no habría problema de ver en el Congreso de la República a comandantes de las Farc”.

Así las cosas, el camino parece expedito. No obstante, todo depende de terceros. El fiscal Montealegre, de que el Consejo de Estado diga que puede quedarse tres años más en el cargo. El Congreso, de que la Corte Constitucional determine si el Marco Legal por la Paz se ajusta a la Carta Política y no es impunidad anticipada como cree el procurador Ordóñez, para así tramitar una ley estatutaria que determine cómo saldar los líos de las Farc ante la justicia. Y el Gobierno, de que la sociedad crea en el proceso de paz y, dado el caso, le otorgue un segundo tiempo.