¿Quién le teme a la revocatoria?

La Corte Constitucional decidirá esta semana sobre una ley que reduce la cantidad de votos necesarios para revocar a un alcalde. Un fallo que elevará tensión política en Bogotá, en donde la Registraduría avaló las firmas que buscan remover al mandatario capitalino.

El alcalde Gustavo Petro, hasta hoy imbatible en las urnas, se alista para una de las más duras batallas de su vida política: no dejarse sacar de la Alcaldía. / Archivo
El alcalde Gustavo Petro, hasta hoy imbatible en las urnas, se alista para una de las más duras batallas de su vida política: no dejarse sacar de la Alcaldía. / Archivo

En los últimos seis meses los bogotanos hemos visto dos versiones del alcalde Gustavo Petro frente a la posibilidad de que se le revocara en las urnas el mandato. En diciembre (antes del desastre de las basuras y cuando aún se recuperaba de un hematoma subdural), le dijo a este diario que estaba “deseoso” de que llegara a buen término la recolección de firmas que busca la convocatoria a urnas para separarlo del cargo.

La segunda versión se distancia de la calma y la seguridad de diciembre. Es la de un alcalde que no quiere que se dé el proceso de revocatoria, que puso a sus bases más leales a depurar una a una las 630.623 firmas recogidas por el representante a la Cámara Miguel Gómez y que un día antes de que la Registraduría le diera el visto bueno al proceso, se apuró a denunciar irregularidades en la recolección de firmas, llegando a exigir veeduría internacional.

¿Qué cambió durante estos seis meses? La popularidad del alcalde sigue cayendo (en abril llegó al 38%) pese a los buenos indicadores en seguridad y la visibilidad de iniciativas como la intervención integral en el Bronx o la firma de los estudios de la primera línea del metro. Pero la preocupación de la Alcaldía frente a una iniciativa de revocatoria que antes no le inquietaba se debe a factores que van más allá de la imagen del mandatario.

Quedó en evidencia el viernes, cuando la noticia del aval a las firmas figuraba en las versiones digitales de todos los medios. Funcionarios de la Alcaldía negaban vía Twitter que tal hecho hubiese ocurrido. Por si las dudas, la página web de la Registraduría tenía a esa hora un informe que daba cuenta de la inexactitud en los trinos de los progresistas (ver facsímil).

Aprobadas las firmas, es inminente que Petro tenga que salir a las calles a defender su obra de gobierno antes que sus detractores cautiven a las mayorías. Pero ese es su mejor escenario y, por ende, tampoco motiva su preocupación. Es natural que se sienta tranquilo al saber que el tema se define a voto limpio en Bogotá, una plaza en la que ha resultado imbatible gracias a la consistente labor que como congresista desarrolló en contra de las mafias paramilitares y de los carteles de la corrupción, incluso de Bogotá.

Lo que en verdad lo está sacando del libreto es el hecho de que justo ahora la Corte Constitucional se apresta a definir la exequibilidad de una ley que reduce los requisitos para revocar a un alcalde. El tema está en manos del magistrado Mauricio González Cuervo, cuya ponencia haría que ya no se necesite un total de 1,2 millones de sufragios, sino algo más de 800 mil durante la votación de la revocatoria. De ellos, logicamente, Petro requiere la mitad más uno para atornillarse al cargo.

En los pasillos de la Corte se dice que la norma superará el examen de los magistrados y, por ende, la única razón para que no pueda ser aplicada en el caso de Petro será que el fallo resulte modulado, es decir, que la Corte aclare que para los procesos en curso se aplica la disposición anterior y no la que está ad portas de ser declarada constitucional.

Consciente de los riesgos que eso conlleva, Petro nombró como apoderado al tolimense Flavio Rodríguez, el reconocido exmagistrado del Consejo de Estado, quien el viernes mismo preparó su primera movida: entuteló a la Registraduría ante el contencioso administrativo alegando que en el conteo de las famosas firmas de la convocatoria se le violó el debido proceso. Su argumentación se basa en que el órgano electoral revocó una medida que inicialmente permitía que los defensores nombraran auditores en el proceso de verificación de las firmas. Dicha revocatoria, dice la tutela, debió contar con la aprobación de la defensa del alcalde, por tratarse de un titular de derecho en el que se reconocía una situación jurídica.

El tecnicismo es arriesgado, pues igual terminaría dilatando la convocatoria a las urnas y eleva las posibilidades de que ésta sea posterior al fallo que reduce los requisitos para la revocatoria. Como están las cosas, la votación de los bogotanos para decidir sobre la revocatoria sería en noviembre. (Ver recuadro).

Pero no todo es sombrío para el alcalde. A su favor juega el hecho de que ninguno de los que convocan a la revocatoria (empezando por el representante Gómez) goza de la fuerza discursiva para competirle en un debate público ni para movilizar ciudadanos.

El Gobierno Nacional, por su parte, no parece interesado en el tema y los partidos políticos tampoco, pues se avecina la campaña presidencial y de Congreso, que demandará gran cantidad de recursos.

Eso sin contar con que las campañas revocatorias suelen ser de baja convocatoria. En últimas, y contrario al trino triunfalista que el representante Gómez publicó el viernes al conocer el aval a sus firmas para la revocatoria, con este proceso no es mucho lo que la ciudad gana, por dos grandes razones: se frenan procesos y se agudizan polarizaciones.