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Política 7 Jul 2013 - 2:27 pm

Revocatoria de Petro

Académicos, intelectuales y artistas salen en defensa de Petro

Acusan a la "ultraderecha" de estar a la ofensiva contra el alcalde.

Por: Elespectador.com
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Un grupo de académicos, intelectuales y artistas suscribieron un “manifiesto Por la Democracia y el Estado Social de derecho”, en medio de los amagos de sacar del cargo al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.

Según el documento, la “ultraderecha está a la ofensiva en contra de la gestión del mandatario capitalino.

Lo que ha desatado las iras de esta derecha, así como de neoliberales dogmáticos es la gestión de Gustavo Petro como Congresista quien, durante años hizo denuncias de corrupción pública y criminalidad política, basadas siempre en investigaciones serias y objetivas, que no pudieron ser refutadas”, señala la misiva. (Lea el documento completo con las firmas).

Y continua: “Las decisiones de la alcaldía en este campo han buscado convertir en realidad el programa Bogotá Humana, con el cual Gustavo Petro alcanzó la victoria el 30 de octubre de 2011 y que muestra resultados”.

Manifiesto de Académicos, intelectuales y artistas:

Por la Democracia y el Estado Social de derecho

La ultraderecha está a la ofensiva. Usa la impugnación de la gestión del Alcalde Mayor de Bogotá, GUSTAVO PETRO, para abrirle paso a un proyecto económico, social e ideológico regresivo.

Tal movimiento entrelaza dos líneas de acción. La primera, tiene por objetivo lograr la revocatoria del mandato conferido democráticamente al alcalde. La segunda, se plasma en el proceso disciplinario pseudojurídico abierto por el Procurador General de la Nación contra el Alcalde bajo la acusación de haber incurrido en actos administrativos que califica de faltas gravísima y gravísima a título de dolo en el proceso de adopción de un nuevo esquema del aseo para Bogotá.

Lo que ha desatado las iras de esta derecha, así como de neoliberales dogmáticos es la gestión de Gustavo Petro como Congresista quien, durante años hizo denuncias de corrupción pública y criminalidad política, basadas siempre en investigaciones serias y objetivas, que no pudieron ser refutadas. Ahora, es la puesta en marcha de políticas de servicios públicos en Bogotá orientadas por intereses ciudadanos que, al menos parcialmente, recuperan esos servicios del control de los grupos privados que tienden a hacer prevalecer el interés particular sobre el colectivo. Las decisiones de la alcaldía en este campo han buscado convertir en realidad el programa Bogotá Humana, con el cual Gustavo Petro alcanzó la victoria el 30 de octubre de 2011 y que muestra resultados: el establecimiento de la gratuidad del consumo básico de agua para los sectores más pobres de la población, la tasa de desempleo más baja en 15 años (8.6%), la rebaja de las tarifas de TransMilenio, la garantía de iniciación de la construcción del Metro, el descenso notable del número de homicidios, los avances en la superación de la corrupción, su concepción político-ecológica de la administración que aporta ideas de vanguardia en las relaciones con el medio ambiente y todos los seres vivos, así como la transformación cultural que vive el Canal Capital. Sin duda, constituyen un conjunto de políticas públicas que está sacando a la ciudad de la peor situación de atraso socioeconómico y político.

El reconocimiento de las realizaciones no ignora las fallas administrativas del gobierno del Distrito, los errores de apreciación de Petro y la lentitud en la reparación de la malla vial, entre otras.

Tenemos confianza en que de la actual coyuntura de crisis, la administración Petro extraerá experiencias valiosas para introducir inaplazables correcciones en el ejercicio del gobierno y los necesarios ajustes institucionales.

Desde luego, lo que anima la ofensiva de esa derecha cerrera no es el deseo de superación de los problemas que vive Bogotá. A esa poderosa facción la estimula la perspectiva de un colapso de las reformas que contribuiría a desprestigiar las alternativas políticas cuando se convierten en programas concretos. Por ello, a Petro no se le quiere dar el tiempo de decantación que las nuevas transformaciones demandan. Hay prisa por abortarlas, para hacer luego la proclamación triunfante de su fracaso, a costa de la ciudad y sus habitantes.

Resulta altamente sintomático sobre la naturaleza y objetivos de la ofensiva política el perfil de las figuras que la dirigen. El senador Gómez Martínez es el representante destacado de la tercera generación de una familia conservadora que ha sido desde la primera mitad del siglo XX protagonista invariable de todas las fases de la violencia política en la que se ha debatido Colombia a lo largo de la historia contemporánea. Tradición que en su momento Álvaro Gómez transgredió con su contribución a la Constituyente y su llamado a conseguir un consenso político sobre “lo Fundamental", hechos que le ocasionaron la muerte. En la trayectoria biográfica de Alejandro Ordóñez se iluminan con resplandor siniestro la quema de libros, al estilo de oscurantismos medievales, la adscripción a una secta religiosa integrista y las prácticas de fanatismos homofóbicos y machistas que se escudan en su cargo oficial.

Invitamos a denunciar y a aislar ese proyecto político de la extrema derecha, con la convicción de que su avance significaría un severo golpe al proceso de diálogo y negociación política entre el gobierno y la insurgencia, cuyas coordenadas pasan por los diálogos de La Habana.

Estimamos que son amplios los sectores de la población colombiana a quienes no les resulta indiferente el que se quiera convertir en práctica legítima la anulación de la voluntad popular expresada en las urnas mediante actos administrativos, ni la gravedad de que el alcalde sea finalmente removido y llevado a los tribunales por haberse atrevido a enfrentar y a defender a la ciudadanía bogotana y particularmente a los sectores sociales más deprimidos. Reiteramos que lo que está en juego no es sólo la defensa de un funcionario, ni únicamente el cumplimiento de un programa y de un Plan de Desarrollo, sino -de manera más amplia-, la defensa de legítimas reglas del juego propias del Estado de Social de Derecho.

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