Todo indica que la posible extradición de los directivos de la multinacional Chiquita Brands a Colombia se dará, pero a largo plazo.
El acuerdo de confidencialidad del que habló Iguarán no permite individualizar ni judicializar a los directivos de esa entidad estadounidense que entregaron dinero a grupos paramilitares de Colombia.
El acuerdo de confidencialidad fue suscrito por Chiquita tras aceptar la multa, luego de reconocer los vínculos con la ilegalidad.
Con este atenuante, la estrategia que ahora emprenderán las autoridades colombianas es la carta rogatoria que envió el Fiscal al equivalente de la Superintendencia Financiera en Estados Unidos. El propósito de esa misiva es recaudar la información precisa y necesaria de la identidad de los dirigentes de esa multinacional que con el pretexto de garantizar seguridad a sus trabajadores en Colombia, entregaron dineros a varios jefes paramilitares.
"Sí hay unos directivos de Chiquita Brands, pero no podremos nosotros pedir en extradición a los directivos de esa multinacional, sino que tenemos que tener una información que es la contentiva en ese acuerdo que celebró con la Corte norteamericana que goza de un acuerdo de confidencialidad", explicó Iguarán.
Para la Fiscalía, el grupos de directivos de Chiquita deberá responder en Colombia "algunos interrogantes" que permitan establecer si esa relación con paramilitares, reconocida por la multinacional en estrados judiciales estadounidenses, obedecía a una "relación extorsionista-extorsionado o era una parte del sistema de financiación del terrorismo".