En su momento, el caso suscitó una polémica nacional, porque la sindicación contra Leyva Durán hizo parte del cúmulo de investigaciones abiertas a raíz del escándalo del proceso 8.000, que intentó develar los nexos entre la clase política y el narcotráfico. Según la Fiscalía, el ex ministro Leyva Durán, quien para la época ya era el hombre clave en los diálogos de paz entre el electo gobierno de Pastrana y la guerrilla de las Farc, había recibido un cheque por $49 millones que resultó procedente de una empresa de fachada del cartel de Cali. Leyva siempre argumentó que había obrado de buena fe y por eso recibió el dinero como un negocio lícito.
El viernes 9 de octubre del 98, el gobierno de Costa Rica, entonces presidido por Miguel Rodríguez, le concedió el asilo político, recordando que se trataba de un instrumento de protección de los derechos fundamentales y la no discriminación por razones políticas. Los opositores del Gobierno argumentaron que, con apoyo del Ejecutivo, el ex ministro Leyva Durán astutamente había eludido las acusaciones en el sonado escándalo del proceso 8.000. Desde San José, Leyva Durán exaltó la decisión del país centroamericano, omitió cualquier comentario sobre el proceso 8.000 y calificó su nueva condición como “plataforma ideal para seguir trabajando por la paz de Colombia”.
Una década después, ya no se trata del proceso 8.000 sino del escándalo de la parapolítica que pretende develar los nexos entre la clase política y el paramilitarismo, y nuevamente Costa Rica apareció en el panorama como el destino elegido por un dirigente cercano al Gobierno para ser amparado por el derecho de asilo. Fue el ex senador Mario Uribe Escobar, primo hermano del Presidente de la República, quien ingresó ayer en la Embajada de este país con el propósito de requerir el asilo en condición de perseguido político.
Sin embargo, después de varias horas de espera, la Embajada costarricense rechazó dicha solicitud. “En conocimiento de los antecedentes del caso provenientes, en particular, de la Fiscalía de Colombia, amparado en los principios y normas del derecho al asilo y con base en la información disponible, considera improcedente dicha solicitud”, dijo la Embajada. De cualquier manera, Costa Rica se confirma como uno de los principales destinos de refugiados y exiliados de Colombia. Según estadísticas recientes, en la actualidad hay más de 8.000 nacionales viviendo en este país en alguna de las dos condiciones, con el único objetivo de escapar a los coletazos del conflicto armado en Colombia.
Reacciones políticas
Carlos García, presidente del Partido de la U
“Que el senador se lucró, delinquió y cometió faltas contra la ley colombiana, es algo que la justicia tiene que probar y conocer la verdad”.
Jaime Bernal Cuéllar, ex procurador
“El asilo podría derivar en que otros congresistas quieran hacer lo mismo”.
Álvaro Leyva, representante del Partido Conservador
“Si la Embajada de Costa Rica le hubiera otorgado el asilo a Mario Uribe, el Presidente habría tenido que solicitar su extradición”.
César Gaviria, ex presidente
“Es lamentable que un parlamentario no quiera someterse a la justicia colombiana”.
Augusto Ramírez Ocampo, ex canciller
“La decisión de otorgarle o no el asilo era del Gobierno de Costa Rica. Si se lo hubieran dado, el Ejecutivo no se habría podido negar”.
Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta del Congreso
“Es parte de la crisis política. Estamos en un momento en el que se puede decir que casi no hay una salida ni una claridad de lo que está pasando”.