Esta ley que fue aprobada en la anterior legislatura, pretende a su vez que se determine un procedimiento especial de máximo 10 días para que la justicia se pronuncie sobre la ilegalidad de una huelga.

Según lo expuesto por el Gobierno, una vez finalizada la huelga de 60 días, la facultad para convocar tribunales de arbitramentos pasa del Ministerio a las partes, que por consenso deben definir la convocatoria del mismo para solucionar el conflicto.

Esta misma iniciativa que ahora se empezará a aplicar en el país pretende a su vez que Colombia haga parte del marco regla que rige en este sentido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, vale la pena recordar que al momento de la aprobación del proyecto muchos sectores de la oposición interpretaron su trámite como una forma de mostrar el Gobierno colombiano a Estados Unidos que en el país si se dan garantías laborales, y así agilizar el trámite del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por ambos países.