Según la misiva, con sus actuaciones públicas el ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt; el embajador en Italia, Sabas Pretelt; y el secretario General de la Presidencia, Alberto Velásquez, interfieren las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho.

"Las declaraciones emitidas por estos funcionarios, con ocasión de la sentencia condenatoria de Yidis Medina, ameritan una investigación disciplinaria, pues con las mismas se infringen deberes y prohibiciones consagrados en el Estatuto Disciplinario", explicó Carlos Gaviria, presidente del PDA.

En el mismo sentido, según lo dicho por Gaviria, las actuaciones y el lenguaje utilizados por el presidente Álvaro Uribe Vélez, son propios de una conducta indigna y por eso pidió al propio jefe de Estado no desviar la atención de la opinión pública a través de la propuesta de referendo.

"Lo que se pone de presente es que su actuación a propósito de la condena de Yidis Medina, con su desconceptualización y su lenguaje ultrajante para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no son propios de un presidente de la República y constituyen más bien una conducta indigna", explicó el Presidente del Polo.