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Uribe defiende ante la ONU su política de Seguridad Democrática

El mandatario pidió ante el pleno del organismo respaldo para afrontar el terrorismo, al tiempo que hizo un balance de su gestión.

El Espectador
24 de septiembre de 2008 - 04:09 p. m.

De acuerdo con el presidente Álvaro Uribe, "los delitos contra la seguridad ciudadana siguen en disminución, pero no estamos satisfechos. En lo corrido del año, el número de delitos se ha reducido en un 30% en relación con el mismo período del año anterior. Hemos puesto énfasis en la protección de líderes sindicales, maestros y periodistas".

El Jefe de Estado agregó que "las organizaciones terroristas penetraban en el pasado el movimiento obrero y terminaban con el asesinato de los trabajadores. El desmonte de los paramilitares ha quitado esa fuente de martirio, pero las guerrillas terroristas persisten con estos crímenes, como sucedió hace poco en el sur del País con el asesinato de un grupo de profesores por parte de las Farc".

Esta fue la intervención del Presidente:

Colombia continúa la lucha por la confianza de cada ciudadano para vivir, trabajar, emprender, estudiar, ser feliz en la Patria. Confianza sustentada en seguridad democrática, seguridad a la inversión con responsabilidad social y construcción de cohesión social.

Los delitos contra la seguridad ciudadana siguen en disminución, pero no estamos satisfechos. En lo corrido del año, el número de delitos se ha reducido en un 30% en relación con el mismo período del año anterior. Hemos puesto énfasis en la protección de líderes sindicales, maestros y periodistas. De un total de 11.204 homicidios acumulados hasta el 10 de septiembre, 36 han sido de trabajadores y maestros afiliados a organizaciones sindicales y maestros independientes. Hasta la fecha no hemos tenido el asesinato de un solo periodista. El Gobierno mantiene protección individual sobre 8.612 ciudadanos, 1.462 de los cuales son vinculados a sindicatos. Continúa nuestro empeño contra la impunidad. Entre 1991 y 2001, sólo hubo 2 condenas. Gracias a los esfuerzos de los últimos años en presupuesto y fortalecimiento de la justicia, a la


política de seguridad y al pacto tripartito entre trabajadores, empresarios y Gobierno, auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo, hay 199 personas condenadas por asesinato de trabajadores, de ellas 134 están en la cárcel. De las 123 sentencias ejecutoriadas 85 corresponden a los últimos 3 años.

Las organizaciones terroristas penetraban en el pasado el movimiento obrero y terminaban con el asesinato de los trabajadores. El desmonte de los paramilitares ha quitado esa fuente de martirio, pero las guerrillas terroristas persisten con estos crímenes, como sucedió hace poco en el sur del País con el asesinato de un grupo de profesores por parte de las Farc.

Hace poco nuestra tranquilidad por ausencia de atentados terroristas fue alterada por el carro bomba activado por las Farc que en la ciudad de Cali destruyó el edificio de la Justicia, dejó varios muertos y heridos y muchas familias pobres con sus pequeños negocios y viviendas destruidas.

De un número aproximado de 60.000 terroristas que afectaban al País al inicio del Gobierno, 48.000 han abandonado sus organizaciones criminales y han hecho parte del programa de reinserción que es un gran reto de Colombia. En 2008, hasta el 17 de septiembre, se habían desmovilizado 2.436 guerrilleros, de ellos 2.147 de las Farc.

En una democracia de opinión como la nuestra, la sostenibilidad de la seguridad democrática depende de su credibilidad, que a su vez se fundamenta en la eficacia y la transparencia. Esta última, la transparencia, es igual a la observancia de los Derechos Humanos, fundamentales entre nosotros. De ellos hacen parte nuestro respeto a las libertades en medio de la lucha contra el terrorismo; la apertura para la vigilancia, la crítica y el debate, en lo nacional e internacional; un esfuerzo formativo en Derechos Humanos, líder en el mundo, al interior de nuestras Fuerzas Armadas; el ajuste permanente de los protocolos operativos con medidas como la que obliga a los soldados a esperar la presencia de un delegado de la justicia antes de movilizar el cadáver de un integrante de las organizaciones criminales que haya sido dado de baja; la voluntad de investigar y facilitar la investigación sobre cualquier denuncia; y, la modernización de la legislación penal militar.

El 10 de Diciembre nuestro País se presentará voluntariamente al examen periódico universal en Derechos Humanos, nuevo mecanismo creado por Naciones Unidas, que se suma a la discusión popular de nuestro nuevo plan de ruta en la materia, al trabajo con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y con la OEA, y a la política de verdad, justicia y reparación a víctimas que con la memoria histórica debe cicatrizar heridas y ayudar a apagar para siempre las brasas de la violencia.

Hay resultados intangibles de la seguridad democrática: los ciudadanos creen más en el Estado, buscan en él su protección y se supera la indeferencia de unos y la inclinación de muchos de resolver sus riesgos por sus propios medios; hemos recuperado el monopolio de las armas del Estado y de la Justicia Oficial; los ciudadanos han perdido el miedo a denunciar, a testimoniar y a cooperar con las Fuerzas Armadas y con la Justicia; y las víctimas han dejado atrás el temor, hoy aparecen a reclamar sus derechos.

Hace un año miraba a esta Asamblea con la frustración de no haber podido rescatar a Ingrid Betancourt y a sus compañeros de cautiverio. Hoy, gracias al heroísmo, planeación y eficacia incruenta de nuestros soldados, ella es símbolo de la libertad, de esa libertad que reivindicamos para liberar a quienes permanecen secuestrados y para acabar con ese penoso crimen en nuestra Patria.

Cohesión Social

La cohesión social es el validador de la seguridad. El cumplimiento de las metas del milenio, fijadas para el año 2015, constituye para nosotros una urgencia real como parte esencial de la construcción de cohesión social. Estamos cerca de cumplir la meta de un máximo de 3% de los menores de 5 años en estado de desnutrición. Nos proponemos llegar a 0 y ahora empezamos la escolarización de esta primera infancia. En 2010 esperamos llegar al 100% de cobertura en educación


básica. Del objetivo de 10.6 años promedio de educación para población entre 15 y 24 años, estamos ya por encima de 9 años. Hemos disminuido la repetición de 6.1% a 3.3%, la meta es 2.3%. La mortalidad de menores de 5 años ha pasado de 37 a 20 por cada 1.000 nacidos, el objetivo es 17. El mismo indicador en menores de un año ha descendido de 31 a 15.6, la meta es 14. Las coberturas de vacunación están llegando al 95%, porcentaje definido para 2015 en las metas del milenio. Nuestro gran reto es reducir las acentuadas diferencias entre regiones.

A pesar de las dificultades de la economía mantenemos total determinación para cumplir las metas sociales a través de programas como Familias en Acción, Banca de Oportunidades, la Red Juntos que concentra las herramientas sociales en el universo más pobre. Esto se apoya en muy exigentes metas en nutrición infantil, coberturas y calidad educativa, formación vocacional, aseguramiento en salud, conectividad y buena administración de los recursos sociales. En relación con esto último, nuestra reforma administrativa, que ya ha llegado a 411 entidades del Estado, tiene como objetivo evitar el descrédito del Estado, dejar atrás el desgreño burocrático y procurar la eficiencia social.

Medio Ambiente

Las crisis hipotecarias y financieras son problemas menores al lado de los riesgos ambientales. Pese a que Colombia contribuye con el 0.35% de contaminación por gases de efecto invernadero, es altamente vulnerable a los estragos de los cambios climáticos por deshielos e inundaciones, conserva en selva más del 51% de su territorio y es gran contribuyente neto de oxígeno.

Algunos de nuestros más importantes programas ambientales son: la construcción de sistemas de transporte masivo en 9 ciudades y la planeación para otras 10; la vinculación de 66.000 familias rurales como guardabosques, que reciben un pago del Estado por mantener áreas colectivas libres de drogas ilícitas, supervisar la recuperación y mantenimiento del bosque y someterse a la vigilancia de Naciones Unidas; el cuidado de 257 zonas naturales protegidas; la implementación de proyectos de acueducto y saneamiento básico en los 32 departamentos y los 1.102 municipios; y el estímulo a energías alternativas como la eólica y a los biocombustibles.

Biocombustibles

Tres objeciones principales se argumentan usualmente frente a los biocombustibles: el riesgo de destrucción de selva, la eliminación de áreas de agricultura alimentaria y la baja productividad medida en energía invertida para producir energía. Colombia tiene 578.000 kilómetros cuadrados de selva y 43 millones de hectáreas de sabanas. No permitiremos tocar la selva, cuidarla es nuestra principal contribución en la lucha contra el calentamiento global. Con la sabana disponible podemos ampliar nuestra producción agrícola concentrada en 5 millones de hectáreas, crecer el hato ganadero de 24 millones de cabezas y desarrollar, sin afectar la producción de alimentos, una gran industria de biocombustibles que genere empleo de


buena calidad, incremente el ingreso y sea una alternativa a la coca que alimenta el terrorismo. Gracias a fuentes de energía como la caña de azúcar y la palma africana, que también protege el suelo de rayos solares y evita erosión, nuestra productividad es alta: en etanol se producen 8 unidades de energía por una utilizada y en biodiesel, 6.5 unidades.

Drogas ilícitas

Las drogas ilícitas son gran enemigo del medio ambiente y actúan como combustible para el terrorismo. Colombia aún sufre violencia porque tiene drogas ilícitas. Nosotros hablamos de responsabilidad compartida no por asignar responsabilidades exclusivas a los países consumidores, en nuestra juventud infortunadamente también hay consumo. Nosotros hablamos de responsabilidad compartida para que el mundo ataque por igual la producción, el tráfico, el consumo, el lavado de activos, los precursores químicos.

Nuestro Gobierno solicita la sanción al consumo, en nuestro País y en la comunidad internacional. Hemos extraditado más de 800 personas, este año debemos fumigar 130.000 hectáreas de coca y 100.000 deben ser erradicadas manualmente. En los últimos 5 años se han confiscado 10.000 bienes. Sin embargo, no hay reducción importante de áreas de siembras y el consumo aumenta. Reflexionemos: es más difícil prevenir y rehabilitar con un crecimiento geométrico del consumo derivado de la permisividad; la destrucción de la selva para sembrar coca, la erosión de los suelos y la contaminación con precursores químicos constituyen enorme atentado al equilibrio ambiental. Quien compra una dosis personal de drogas ilícitas estimula a un niño a que sea distribuidor y más tarde temible criminal. Quien compra una dosis personal de drogas ilícitas ayuda a explotar un carro bomba en Colombia y a destruir 4 árboles de nuestra selva amazónica.

A Colombia llegan hoy inversionistas de todo el mundo. Nos visitan más del doble de turistas que hace 5 años, de todos los rincones. Los ojos de muchos, que veían con escepticismo nuestra nación o que hablaban de Colombia como un estado fallido, pueden ver señales claras de fortaleza institucional y audacia democrática.

Colombia genera hoy más confianza, más respeto. Pero la tarea continúa. Para liberarnos del todo de los horrores del narcotráfico, el terrorismo y la pobreza, necesitamos contar con un apoyo más decidido de la comunidad internacional.

Señor Presidente, Señor Secretario, distinguidos Jefes de Estado y de Gobierno, Jefes de Delegación: muchas gracias a las Naciones Unidas por su gran presencia integral en Colombia”.

Por El Espectador

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