A finales del año 2000 era el hombre clave de la Fiscalía para avanzar en desvelar los verdaderos alcances del paramilitarismo en Sucre. Entonces rindió declaraciones en contra de la dirigencia política de esa región que le causaron innumerables amenazas que lo obligaron a salir del país hacia Canadá.

Sin embargo, en agosto de 2001, cuando llegó la administración de Luis Camilo Osorio, su testimonio fue desechado y las investigaciones que estaban en curso pasaron a dormir el sueño de los justos. Por ejemplo, a principios de 2003 la Fiscalía engavetó el expediente del ex gobernador sucreño Salvador Arana, quien poco después fue favorecido con un auto inhibitorio. No obstante, la detallada confesión de Pitirri recobró valor cuando la Corte Suprema de Justicia empezó a escarbar en los tentáculos del paramilitarismo con la política. Hoy sus acusaciones tienen al ex parlamentario Érik Morris condenado a seis años de prisión, a los ex congresistas Jairo Merlano y Álvaro García en juicio, al ex gobernador Arana con orden de captura y prófugo de la justicia, y a Mario Uribe en la Embajada de Costa Rica pidiendo asilo diplomático para evadir su detención.

El ventilador de Pitirri obligó a la Fiscalía a revisar sus decisiones respecto de las masacres de Pichilín-Colosó (diciembre del 96), El Salado (febrero de 2000), Macayepo (octubre de 2000), Chengue (enero de 2001) y el asesinato de la fiscal Yolanda Paternina Negrete (agosto de 2001). Todos estos crímenes fueron cometidos por las autodefensas. Todos estaban casi en la impunidad y sólo el testimonio de Castillo Peralta sembró nuevas luces en los investigadores para direccionar los expedientes.

En sus distintas versiones ante la justicia, el ex paramilitar ha dicho que cuando llegó a Sincelejo, a finales de los años 90, luego de huir por muchos años del asedio de la guerrilla y el paramilitarismo, accedió a servir como informante de la Armada. De hecho, un oficial de esa institución fue quien le consiguió trabajo como conductor y escolta del ganadero Joaquín García —también investigado por la Fiscalía por ser el mayor financiador de las autodefensas en Sucre.

Precisamente, Pitirri confesó en su momento que su jefe, Joaquín García, era un activo colaborador de este grupo ilegal y se reunía con mucha frecuencia con Álvaro García Romero, el gobernador Salvador Arana y el gerente de una Convivir, Víctor Guerra. Dichos encuentros se efectuaban en la finca Las Canarias, de propiedad del dirigente político Miguel Nule Amín. Allí, sostuvo Castillo Peralta, conoció a Salvatore Mancuso. También contó que fue escolta de Rudol Panfer, un alemán que oficiaba como tesorero de las Auc y que fue asesinado. De igual manera, señaló que el jefe paramilitar Salomón Feris —detenido el jueves pasado— era el encargado de la parte militar de los ‘paras’ en Sucre.

Fue gracias a su testimonio que se conocieron los múltiples homicidios que dejó la barbarie paramilitar en Sucre. Muchos de estos cadáveres —se calcula que por lo menos 500— fueron enterrados en fosas comunes en la finca El Palmar, por orden del desaparecido paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena. De igual modo, Pitirri señaló que Jorge Luis López, hijo de la empresaria del chance Enilse López, alias La Gata (también procesada por la justicia), era quien se encargaba “de sobornar a los bajos mandos del departamento y a algunos miembros del CTI”, de tal manera que cuando llegaban las órdenes de captura, se las entregaban primero a él, quien alertaba a los demás miembros de las autodefensas.

Castillo Peralta le ha dicho a la justicia que tiene conocimiento de que el ex parlamentario Álvaro García Romero fue el autor intelectual del asesinato del ganadero Juan Carlos Cure Ramírez, y que los paramilitares dieron muerte al comerciante Samuel Restrepo, socio de las Apuestas Permanentes de Sucre. El objetivo de esos asesinatos era eliminar a los accionistas más bajos de esa empresa y así quedarse como únicos dueños. Y, de paso, extender el poderío paramilitar bajo la legítima fachada de un negocio como el de las apuestas permanentes.

En todas sus declaraciones siempre ha resaltado, con nombres propios, la protuberante colaboración de miembros de la Fuerza Pública con las Autodefensas. Según él, también Mario Uribe Escobar se benefició del paramilitarismo para hacerse a varios predios en el Bajo Cauca antioqueño. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia lo consideran un testigo veraz. Todas sus delaciones tienen en serios aprietos judiciales a connotados políticos del orden nacional. La mayoría han sido detenidos. Sólo permanece huyendo de la justicia el ex embajador en Chile Salvador Arana Sus.

Castillo Peralta se encuentra en Quebec (Canadá) desde hace siete años. Aún así, la distancia no le ha impedido revelarle a la justicia la verdad de la parapolítica.