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Álvaro Uribe Vélez, jefe de Estado colombiano.

A través del decreto 0021 del 8 de enero de 2009, el Gobierno dio por terminado el periodo en el que el ejecutivo tenía la facultad de dictar normas extraordinarias para enfrentar los efectos de la parálisis en el sector de la justicia.

La norma indica, en uno de sus considerandos, que "las medidas adoptadas contribuyeron a conjurar las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Conmoción Interior".

Los cerca de 45.000 funcionarios judiciales decretaron una protesta el 3 de septiembre para reclamar incremento salarial y mayores recursos para el sector de la justicia.

La declaratoria de Conmoción Interior fue adoptada el 9 de octubre del 2008 mediante el Decreto 3929, debido, entre otras razones, a "que la administración de justicia no se encuentra funcionando de manera normal y adecuada, lo que atenta contra la estabilidad institucional y el normal funcionamiento de la rama jurisdiccional, con grave detrimento del orden público y social".

Al momento de decretar la conmoción, las autoridades hablaban de 125.000 procesos judiciales paralizados. Mientras tanto,  2.720 personas acusadas de diversos delitos como homicidio y tráfico de drogas, han quedado libres.