El presidente Rafael Correa aseguró que en Ecuador "no es delito" si alguien es amigo de las Farc, aunque aclaró que ello "no implica involucramiento" con ese grupo armado.

En declaraciones al diario El Comercio, Correa dijo que "tenemos miles de funcionarios, cómo voy a garantizar que alguno no sea amigo de las Farc, pero gracias a Dios eso no es delito en Ecuador".

"Como Gobierno es una barbaridad decir que tenemos algún contacto con las Farc. No le puedo garantizar que alguno de los miles de funcionarios no tenga simpatía con las Farc, lo cual no es un delito; pero pregúntele a cualquier jefe militar cuándo hemos dicho (las autoridades) no repeler con todo a cualquier fuerza regular o irregular que entre al país", afirmó.

De inmediato Correa aclaró que "eso no implica un involucramiento del Ecuador con las Farc, que tengamos alguna relación", pero que "otra cosa es que, sabiendo que hay un campamento de las Farc en Ecuador, no se haya denunciado, eso es atentar contra la seguridad del Estado".

Las aseveraciones de Correa hacen alusión a la implicación del ex subsecretario del ministerio de Gobierno, Ignacio Chauvín, quien afirmó que fue amigo personal del jefe guerrillero colombiano Raúl Reyes, con quien, dijo, se reunió siete veces.

Chauvín está detenido por su relación con un grupo de narcotraficantes ecuatorianos, conocidos como hermanos Ostaiza.
Ese caso ha sido señalado por la prensa ecuatoriana como narcopolítica. "No hay narcopolítica, ya paren eso, que no solo afecta al Gobierno, sino al país" , dijo Correa al diario.

Consultado acerca de la relación de su ex ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, con Chauvín, Correa dijo que "es indudable que este es un gravísimo error de Gustavo, que le ha costado muy caro, él tuvo que renunciar a su candidatura a asambleísta por este problema".

"Una cosa es que uno cometa un error, que confíe en un colaborador que lo traiciona. Otra que exista mala fe", aclaró el gobernante. Sobre los programas de la organización no gubernamental Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), de entregar indiscriminadamente documentos de identificación a refugiados colombianos en la frontera, Correa señaló que "estábamos muy molestos por la carnetización de Aldhu, tomándose atribuciones que no tiene" .

Correa quitó privilegios e inmunidad diplomática a los funcionarios de la ALDHU, que estaba basada en Quito. El organismo decidió trasladarse a Uruguay.