El embajador de Washington en Bogotá, William Brownfield, propuso una reunión entre representantes de las cortes supremas de ambas naciones con el fin de superar las diferencias planteadas por el fallo que los molestó y que impide la extradición de colombianos cuando hayan sido juzgados en este país.
"Lo que hemos propuesto nosotros es diálogo directamente entre representantes de los dos sistemas legales, si hay otra manera para resolver esta cuestión está bien", dijo.
Los Gobiernos de Bogotá y Washington analizarán por su parte negativa de la Corte Suprema de Justicia colombiana de aprobar las extradiciones de algunos acusados de narcotráfico y secuestro, decisión que levantó temores a que haya un posible cambio de doctrina que favorezca el delito.
El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, dijo el miércoles después de una reunión con magistrados de la Corte que funcionarios de alto nivel del Gobierno se reunirán con el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, para hablar de la situación.
"Solicitaremos una audiencia con el embajador de Estados Unidos para dialogar aspectos bilaterales, entre ellos ese tema (la extradición)", declaró Valencia. "La figura de la extradición está incólume", aseguró el funcionario, quien se abstuvo de entrar en detalles.
Funcionarios del Gobierno consideran que la Corte Suprema de Justicia cambió de posición al negar recientemente las extradiciones a Estados Unidos.
Pero el tribunal argumentó que en uno de los casos el acusado fue condenado por tráfico de drogas en Colombia, por lo que debía respetar el principio universal de que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.
Colombia teme que los narcotraficantes aprovechen esa doctrina jurídica, confiesen delitos relacionados con tráfico de drogas en el país y se acojan a sentencias anticipadas para evitar ser extraditados.
Protesta previa de EE.UU.
La Corte negó la extradición a Estados Unidos de alias ‘Gafas, uno de los dos guerrilleros capturados por el Ejército en julio durante el rescate de la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, tres estadounidenses y 11 efectivos de las Fuerzas Armadas que permanecían secuestrados por las Farc. El subversivo había sido solicitado en extradición por el delito de toma de rehenes.
Pero el tribunal sí autorizó la extradición del otro guerrillero capturado en el rescate -alias ‘César-, aunque condicionó la entrega a que sólo pueda ser juzgado por narcotráfico. Estados Unidos, el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, envió una nota diplomática a Bogotá en la que aseguró que la Corte ha dado una lectura "errada" a las solicitudes de extradición. Criticó inconsistencias frente a anteriores fallos.
La extradición es una de las herramientas más temidas por los narcotraficantes colombianos y una de las más eficaces en la lucha contra el tráfico de drogas. Aunque la figura fue abolida en 1991 por la asamblea nacional que reformó la Constitución en medio de ataques con explosivos, asesinatos selectivos y amenazas de narcotraficantes que se oponían a ella, el Congreso la restableció en 1997.
Desde entonces más de 1.000 colombianos han sido extraditados a Estados Unidos para que respondan por cargos de narcotráfico y de lavado de activos.