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hace 4 horas

Los movimientos financieros de los magistrados

<strong>El Espectador</strong> revela las transacciones bancarias de algunos dignatarios de la justicia que entregó la UIAF para investigación.

En virtud de tres convenios suscritos en septiembre de 2002, noviembre de 2003 y junio de 2006, el DAS y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF) comparten información, especialmente para la prevención del delito de lavado de activos. Lo que está claro hoy es que con base en estos acuerdos las dos entidades también lo hicieron para indagar las cuentas y los movimientos financieros de algunos dignatarios del Poder Judicial.

Por eso, este domingo 7 de junio cuando la Casa de Nariño expidió un comunicado para advertir que la UIAF “ha analizado reportes de operaciones sospechosas sobre algunas personas y sus posibles vínculos con otras vinculadas a actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados”, realmente no dijo nada nuevo y en el escándalo por las ‘chuzadas’ y seguimientos del DAS a magistrados, ya ha trascendido la razón: la búsqueda de nexos entre los juristas y Ascencio Reyes.

Como lo informó El Espectador en su edición del 17 de mayo, la captura del empresario italiano Giorgio Sale, hacia noviembre de 2006, fue el primer pretexto para averiguar detalles inéditos en la vida del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia Yesid Ramírez Bastidas. De paso se indagó por los contactos de otros dignatarios de la justicia con el empresario italiano. En desarrollo de estas averiguaciones surgió otro benefactor de la justicia: el polémico empresario huilense Ascencio Reyes Serrano.

En la abundante documentación de este escándalo ya existe conocimiento del oficio expedido por la UIAF el 24 de abril de 2008, que se filtró a los medios de comunicación con el peculiar título del “Caso Paseo”. Pero este reporte encaminado a evaluar los detalles del viaje que hicieron en junio de 2006 a Neiva los magistrados de la Corte Suprema, invitados por Ascencio Reyes, incluyó también una información inesperada y poco referida: las copias de los extractos y cheques girados a las cuentas del magistrado José Alfredo Escobar Araújo.

Con el título “Pendientes por llegar”, el resumen de actividades efectuadas en el “Caso Paseo” dejó constancia de las cuentas desde las cuales se giraron dineros a José Alfredo Escobar, básicamente relacionadas con la firma Crisaltex y otros de la firma Distribuciones EU. Esta evidencia prueba que, vía DAS, la UIAF esculcó las cuentas de algunos magistrados. De hecho, el pasado 20 de mayo, el propio organismo lo reconoció al advertir que un primer informe fue entregado el 27 de mayo de 2008 y un segundo en septiembre 11 del mismo año.

El Espectador pudo establecer que entre los hallazgos de la UIAF, posteriormente reportados a las autoridades competentes, apareció un cheque por $25 millones que el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar Araújo le giró al empresario Ascencio Reyes; y otra transacción más, esta vez en efectivo, que el actual presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont, depositó en las cuentas de Ascencio Reyes. Se trata de una suma de $2,2 millones.

Este tipo de evidencias se encuadran dentro del segundo grupo del comunicado en el que se habla de posibles vínculos con otras personas presuntamente implicadas en actividades ilícitas. No cabe duda de que el objetivo siempre fue buscar algún nexo ilegal entre el empresario huilense Ascencio Reyes y los magistrados. La propia Casa de Nariño y el DAS lo han justificado advirtiendo que a Reyes le encontraron nexos comerciales con José María Ortiz Pinilla, quien fue extraditado a los Estados Unidos en enero de 2008 por narcotráfico.

Sin embargo, no fueron los únicos hallazgos. Ahora que la Casa de Nariño asume que los informes de inteligencia financiera de la UIAF, en que podrían estar involucrados algunos magistrados, fueron remitidos a la Fiscalía, cobra importancia saber que el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda también encontró particularidades de otras transacciones. Como los negocios realizados por el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Isaac Náder, igualmente muy cercano a Giorgio Sale y a Ascencio Reyes.


Existe, por ejemplo, un reporte de inteligencia financiera que describe un negocio de Náder en junio de 2008, de una finca situada en el municipio de San Antero (Córdoba). El predio apareció a nombre de Juan Carlos Payares y Margot Isaac Náder. Hasta el momento el ex magistrado no ha hecho comentario alguno sobre su inclusión en la lista de los reportados por la UIAF. En contraste, los presidentes de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han rechazado de manera vehemente este tipo de averiguaciones.

No obstante, poco a poco se revela qué fue encontrando la UIAF, por ejemplo, una consignación por $14,7 millones en efectivo que ingresaron a las cuentas del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez. Aunque en el reporte al DAS quedó claro que en sus cuentas hubo un comportamiento normal en los últimos cinco años, dejó anotaciones sobre esta particular consignación, pues fue hecha por el ciudadano Fernando Morales, quien según las autoridades resultó ser un fiscal seccional de la ciudad de Neiva.

Como puede ratificarse, la UIAF, en su deber legal de analizar operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo, vía Ascencio Reyes-Giorgio Sale, terminó averiguando las cuentas de algunos magistrados. Hoy está claro que las pesquisas originales derivaron en hallazgos de transacciones de los juristas José Alfredo Escobar Araújo, Yesid Ramírez Bastidas y Rafael Ostau de Lafont. Y que además también aparecieron negocios del ex magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema Carlos Isaac Náder.

La discusión que hoy tiene nuevamente enfrentados al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial es si la UIAF tenía competencia para hacer este tipo de averiguaciones. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Augusto Ibáñez, manifestó tajantemente que “una vez más existen funcionarios que, a través de comunicados de prensa, tratan de convertirse en competentes frente a una evidente incompetencia” y que el reporte de la UIAF es “una columna de humo” del Gobierno para desviar la atención. El presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, agregó que son acciones “sin orden judicial competente”.

Ese es el punto de la nueva discusión, y mientras la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes manifiesta su disposición a indagar el caso, como organismo competente para investigar a los magistrados de las altas cortes, la pugna adquiere ribetes políticos. Para la prueba el nuevo comentario del ex presidente César Gaviria: “Esa unidad (UIAF) no tiene jurisdicción ni sobre los magistrados ni sobre los dirigentes nacionales, y lo que se evidencia es un abuso de poder y de autoridad”.

Más solicitud de información al DAS

En dos diligencias de marzo pasado, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, requirieron a servidores del DAS a fin de que estos le suministraran información sobre magistrados, políticos y algunos periodistas.

En la primera diligencia, efectuada el pasado 2 de marzo los efectivos del CTI solicitaron información al DAS sobre correos electrónicos. Ese día el organismo entregó tres archivos de excel, en un DVD.

El Espectador conoció el oficio remisorio con la información de 25 personas. Entre ellas, el magistrado Yesid Ramírez Bastidas, sobre quien la UIAF reportó información.

En otra diligencia efectuada el pasado 17 de marzo los agentes del CTI solicitaron al DAS las hojas de vida de los mismos personajes. La información fue entregada en 121 folios cumpliendo órdenes de Jaime Polanco Barrero, subdirector de Análisis (e) del DAS