Con el argumento de no contar con el presupuesto para resarcir a todas las víctimas de la violencia, el Senado hundió en conciliación el proyecto de Ley de Víctimas. Principalmente, con los votos de la bancada uribista, se archivó la iniciativa e impidió una pronta reparación de los damnificados del conflicto en el país. Esto, a pesar de que el martes pasado la plenaria de la Cámara lo aprobó en último debate intentando salvarlo.
El proyecto establecía la reparación por vía administrativa de las víctimas. Sin embargo, el artículo que abrió la polémica fijaba que para los afectados por agentes del Estado era necesaria la presentación de un fallo judicial para recibir la especie de ‘subsanación' que haría el Estado.
Así las cosas, los $18'000.000 que iban a recibir las víctimas ya no será posible. Por ejemplo, en el caso de las madres de Soacha la reparación quedó en el limbo y no se sabrá cuando se vea una real reparación.
En desarrollo de la discusión, el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, denunció que el proyecto "no tiene posibilidad desde el punto de vista fiscal" y por eso pidió el archivo del proyecto.
Hora antes él mismo había advertido que como se pensaban algunos senadores aprobar el proyecto al Estado le costaba cerca de $75 billones la reparación, mientras como lo quería el Gobierno tan sólo iban a ser destinados $23 billones.
Esto mismo provocó una fracción que se hizo evidente dentro de la bancada uribista. Uno de los más fieles escuderos del Presidente Uribe, el senador Armando Benedetti, dejó ver su descontento y siempre dijo que "me mantengo en apoyar la conciliación que permite una reparación de las víctimas de agentes del Estado".
También otro de los ‘mosqueteros' uribistas, el senador Samuel Arrieta, aseguró que en el Ministerio de Hacienda "se cambió el criterio de financiación a última hora porque en el debate no se habló del presupuesto que ahora mencionan".
El senador Juan Fernando Cristo, denunció que el Gobierno "es discriminatorio y de poca responsabilidad para reparar al grupo de víctimas del conflicto armado en el país".
"Al Gobierno está demostrado que le interesan más los victimarios que las víctimas; y esto se ve en que se aprueba el principio de oportunidad para beneficiar a los paramilitares desmovilizados pero no se hizo lo mismo con la ley que resarcía a las víctimas", recalcó Cristo.
En respuesta a esa declaración, el ministro del Interior y de Justicia, afirmó que "no se pueden poner en igualdad de condiciones a los criminales con los agentes del Estado". Además, destacó que "las víctimas con ley o sin ley las seguirá atendiendo y reparando el Gobierno del Presidente Uribe".
Y concluyó anunciando que el Gobierno está dispuesto a hacer una nueva ley que recoja el clamor de las víctimas y no afecte el presupuesto del Estado colombiano.
La votación que avaló el proyecto, a pesar de ser derrotada, contó con el apoyó del Partido Liberal (autor), el Polo democrático Alternativo y los senadores uribistas Armando Benedetti y Samuel Arrieta. La votación fue 48 en contra del proyecto y 24 a favor.
Comunicado Presidencial sobre el proyecto
El Gobierno Nacional, en reunión del Presidente con algunos ponentes del Proyecto de Ley de Víctimas, ha pedido que no se apruebe el Acta de Conciliación porque un costo superior a los $80 billones crearía un trauma irreparable a las finanzas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento.
Además, el texto conciliado, que el Gobierno solicita encarecidamente no aprobar, se constituye en una grave amenaza a la Seguridad Democrática, puesto que iguala a los terroristas con agentes al servicio del Estado, sin que estos últimos puedan tener un proceso judicial y una sentencia ejecutoriada que declare el daño a la víctima cuya responsabilidad sea atribuida a ellos.
El Gobierno Nacional, con base en la legislación de los últimos años, continuará el proceso de la reparación monetaria de las víctimas. En efecto, en las próximas semanas, iniciará los primeros pagos que suman 200 mil millones de pesos en la ejecución presupuestal 2009 y que se destinarán aproximadamente a diez mil víctimas. En los nuevos presupuestos se continuará con la incorporación de las respectivas partidas.