De acuerdo con el presidente Álvaro Uribe, que adelantó un Consejo de Seguridad en Catam, la orden de captura que las autoridades ecuatorianas emitieron contra el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos se constituye en "una amenaza a los colombianos" pues se entra a juzgar a quienes luchan contra el terrorismo.

El mandatario dijo que no se puede judicializar la libertad de luchar contra grupos al margen de la ley y tampoco se puede promoveer el terrorismo, sin referirse a ningún gobierno.

El Jefe de Estado se pronunció dos horas y treinta minutos después de adelantar una reunión con los altos mandos militares, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana; el director del DAS, Felipe Muñoz; además de miembros de la Cancillería, entre otros.

El objetivo del encuentro, al que el primer mandatario convocó tras llegar de Panamá, donde asistió a la toma de posesión del nuevo mandatario, Ricardo Martinelli, fue analizar la defensa que el Gobierno hará del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, a quien le pesa una orden de captura por los hechos que rodearon la operación en la que fue abatido el guerrillero de las Farc 'Raúl Reyes', el primero de marzo del año pasado. 

"No se puede, en nombre de la justicia, proponer acciones contra aquellos que legítimamente defienden la humanidad, asumiendo decisiones y operaciones contra el terrorismo.....Si no se hubiera actuado contra ese campamento de 'Raúl Reyes', no se hubieran creado las condiciones para liberar a Íngrid Betancourt, para liberar a los tres norteamericanos y para liberar a los otros rehenes", señaló el mandatario antes del encuentro.

Este es el comunicado emitido por el Gobierno luego del Consejo de Seguridad:

El Gobierno Nacional se permite informar:

1. La Operación Fénix se fundamentó en una decisión política adoptada por el Gobierno colombiano, en el marco de la lucha mundial contra el terrorismo. En desarrollo de ella, se ejecutó una operación militar contra un objetivo legítimo, con estricta observancia del derecho internacional humanitario.

2. El Estado colombiano manifiesta que el proceso judicial adelantado en el Ecuador contra altos funcionarios colombianos, con ocasión de la operación militar antiterrorista, vulnera diversas normas y principios de derecho internacional. Por esta razón, Colombia expresa categóricamente la falta de jurisdicción del Estado ecuatoriano, en relación con la presunta responsabilidad individual o personal de cualquiera de los servidores o funcionarios públicos que intervinieron en la Operación Fénix.