Buscan freno a cobro excesivo en matrículas de universidades

Quienes incumplan recibirían sanciones como multas que ascenderían a los 500 salarios mínimos legales vigentes.

Un proyecto de ley presentado en el Congreso busca imponer controles a los excesivos cobros que hacen las universidades por el cobro de las matrículas.

La iniciativa que incluye a las escuelas tecnológicas e instituciones técnicas profesionales, busca que no puedan establecer materias ni semestres adicionales al pensum ofrecido, ni excederse en el valor de las matriculas el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según el proyecto, esa disposición está establecida desde 1993 por el Ministerio de Educación Nacional pero que no ha sido cumplida por los establecimientos de educación superior.

El promotor de la iniciativa, el senador Jorge Eliecer Guevara, si bien es cierto que las instituciones educativas superiores pueden fijar pautas académicas, derecho consagrado en nuestra constitución como de la Autonomía Universitaria, también es cierto que esta facultad es realizable siempre y cuando no se lesionen los derechos fundamentales de los estudiantes, ni bajen el nivel académico y cultural derivados de la necesidad social.

Guevara aseguró que establecer arbitrariamente y sin control alguno las altas tarifas, además de la implementación de sanciones a quienes no cancelan a tiempo, son razones suficientes para establecer límites a estas prácticas.

"Es ilegal cuando establecen un nuevo término denominado "matricula extraordinaria", para hacer el respectivo pago con un aumento de un 15 o 20 % en su valor; vale la pena recordar que dichos porcentajes nunca han sido regulados por el Ministerio y superan los topes de usura", explicó el Legislador.

"Estas atribuciones son las que facilitan la deserción académica de quienes tratan de sostener un nivel educativo más amplio por lo tanto presento este proyecto para ponerle fin al injusto e indebido proceder de las administraciones universitarias que han ignorado el mandato constitucional", continuó.

El proyecto incluye drásticas sanciones para las universidades que violen la norma, como multas que ascenderían a los 500 salarios mínimos legales vigentes y la no renovación del registro académico otorgado a la institución superior que corresponda, en caso de reincidencia.

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