Quienes reciban subsidios a través de la presentación de documentos ilegales tendrán que pagar con cárcel.

Así está establecido en un proyecto de ley que fue radicado por el Gobierno Nacional ante el Senado de la República.

La contravención que será incluida dentro de los delitos penales en Colombia es "fraude a las subvenciones".

Según el proyecto, éste será un delito penal autónomo que deberá ser pagado en prisión.

El propio ministro de Agricultura, Andrés Fernández, indicó que serán entre 7 y 12 años los que purgarán en la cárcel quienes intenten defraudar al Estado en la adjudicación de los subsidios.

El artículo 311-A que busca sancionar el apoyo directo económico o incentivo quedaría así:

"El que obtenga un apoyo económico directo o incentivo, préstamo no reembolsable, desgravación o cualquier otra ayuda económica del Estado, alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su concesión, u ocultando las que hubiesen impedido, incurrirá en prisión de siete (7) a doce (12) años".

Pero también a quien otorgue el subsidio con conocimiento de la ilegalidad de la presentación de los documentos recibirá una sanción. Según las cosas así quedará dicha sanción:

"El servidor público que teniendo conocimiento de la alteración o simulación fraudulenta, otorgue el apoyo económico directo o incentivo, préstamo no reembolsable, desgravación o cualquier ayuda económica, incurrirá en la misma pena e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años".

De otro lado habrá sanción para quien destine los recursos del subsidio a otros fines:

"Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad objetivo de apoyo económico o incentivo, dé aplicación diferente de aquella a que están destinados según la ley".

A pesar de las duras sanciones, la ley igual incluye que las penas contempladas se reducirán a la mitad cuando se dé un reembolso de los dineros de parte de quien ilegalmente los recibió.