El jurista manifestó que además de recusar la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de invalidar el acopio de firmas que respaldan el referendo reeleccionista interpondrá un alegato ante la Corte Constitucional que será acompañado de una acción de tutela y acciones penales en contra de los funcionarios que actuaron en este caso.

Guarín, quien participó en una cumbre uribista convocada con urgencia al norte de Bogotá, insistió en que no hay ninguna disposición legal que avale al CNE para invalidar el proceso que dio origen al referendo.

Así mismo, admitió que hay un irregularidad en el hecho de que la decisión haya sido tomada por conjueces y no por magistrados titulares, pero aclaró que la situación cuestionable de fondo es que esa corporación haya tomado una decisión para la cual no tenía competencia legal.

"Las tres personas que tomaron la decisión lo hicieron sin tener competencia alguna para actuar (...) ni la Constitución, ni la Ley 134, ni la Ley 130, ni el Código electoral, ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre referendos dice que como consecuencia de una supuesta violación al tema de la financiación se pueda declarar la invalidez de las firmas", afirmó el jurista.

El abogado insiste en que los conjueces designados para tomar esta decisión actuaron de "manera prevaricadora" y de ahí que la cumbre uribista haya decidido instaurar una acción penal y otras disciplinarias para que se investigue la conducta de los funcionarios.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Moncada opina que el organismo sí cuenta con la facultad legal que la Constitución le concede en torno a asuntos electorales, pero recalcó que no contaba con herramientas jurídicas para invalidar el proceso de recolección de las firmas.

"Ellos tienen competencia, si le reconocemos para investigar violación de topes y para adelantar investigaciones electorales que tienen como consecuencia sanciones pecuniarias. De ninguna manera, anulación o invalidez de firmas", indicó.