La Sala Plena del Consejo de Estado decidió trasladar a la Corte Constitucional la competencia para determinar la legalidad de la manera como el Congreso de la República convocó a sesiones extras en diciembre de 2008 para dar trámite al proceso de aprobación del referendo reeleccionista.

El alto tribunal determinó que esa magistratura no tiene la facultad legal para pronunciarse en torno a esta acción, que sería definitiva a la hora de determinar la constitucionalidad de la ley que convoca a los colombianos para establecer si el presidente Álvaro Uribe puede o no presentarse a las elecciones de 2010.

El acto administrativo había sido demandado por el representante a la cámara por el Putumayo, Guillermo Rivera, quien observó numerosas irregularidades en el decreto que le dio viabilidad a las sesiones extras en las cuales la Cámara de Representantes dio su aval a la iniciativa.

Para el dirigente liberal, el hecho de que la convocatoria no hubiera surgido en periodo de receso legislativo, y por tanto no haya aparecido previamente en el diario oficial, constituyen dos vicios insalvables que dejan a la luz la ilegalidad del decreto.

No obstante, será la Corte Constitucional la que tenga la última palabra respecto a la demanda y precise si hubo violaciones o no a la normativa que rige los procedimientos administrativos en la emisión de este decreto.