El Gobierno Nacional a través de un comunicado rechazó la negativa del Tribunal Europeo para que llegara extraditado Yair Klein al país.
"La decisión judicial es una página negra para los Derechos Humanos en el mundo", asegura el comunicado de la Vicepresidencia.
Según éste, dicha decisión "favorece la impunidad de los crímenes atroces cometidos" por Klein y "niega la verdad y la justicia para sus víctimas.
Comunicado del Vicepresidente de la República
La decisión del Tribunal Europeo de derechos humanos de suspender la extradición del criminal de guerra Yair Klein a Colombia es una página negra para los derechos humanos en el mundo, favorece la impunidad de los crímenes cometidos por el señor Klein y sus alumnos paramilitares en Colombia, negando la verdad y la justicia para sus víctimas. Este es un fallo que avergüenza a la humanidad, a las víctimas y a la causa de los derechos humanos.
Los crímenes cometidos por los alumnos del señor Klein están comprobados en Colombia, su participación como instructor debidamente documentada y el juicio al cual fue sometido contó con todas las garantías procesales; si quisiera apelar ese fallo, la legislación colombiana le proporciona recursos para hacerlo.
Es falsa la razón que argumenta el señor Klein al manifestar que en Colombia podría ser torturado o sus derechos humanos vulnerados. Klein y el Tribunal Europeo desconocen que en cada cárcel colombiana funciona un Comité de Derechos Humanos con representantes de los internos y que además existe la Defensoría del Pueblo para velar por los derechos de los reclusos.
Es una vergüenza que el instructor de los asesinos de la Rochela, de Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo Ossa, de Héctor Abad Gómez, de cientos de campesinos, de decenas de funcionarios judiciales, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros, alegue que sus derechos humanos serían violados cuando jamás él respetó los de sus víctimas.
El Estado colombiano reconoce el voto disidente de los dos jueces que se opusieron a esta decisión y expresa su preocupación por este tipo de determinaciones que manifiestan un doble rasero sobre los violadores de derechos humanos: mientras se exige a Colombia que no haya impunidad se facilita la impunidad de un criminal confeso de guerra.
El Estado y la sociedad colombiana esperan que las organizaciones de derechos humanos y los organismos multilaterales expresen su rechazo a esta burla a las víctimas de los crímenes de los grupos paramilitares en Colombia.
Bogotá, 3 de abril de 2010