La Fiscalía imputó cargos por falsedad ideológica en documento público, de manera agravada, y fraude procesal heterogéneo y homogéneo contra ocho de los nueve miembros del comité promotor del referendo que buscaba habilitar una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión —adoptada por la fiscal 61 de la Unidad de Delitos contra el Orden Económico, Claudia Erazo, tras una audiencia pública realizada el miércoles en Bogotá—, tuvo como sustento algunas de las conclusiones de la Corte Constitucional en su fallo, en el que declaró la inexequibilidad de la iniciativa, el pasado 26 de febrero.
La medida cobija a Luis Guillermo Giraldo, Cecilia Paz de Mosquera, Gustavo Dajer Chadid, Juan David Ángel Botero, Álvaro Velásquez Cock, Hediel Saavedra Salcedo y David Salazar Ochoa, quienes no aceptaron los cargos. Sin embargo, la Fiscalía no solicitó la medida de aseguramiento ya que a la fecha los imputados han acudido cumplidamente a los llamados y no representan peligro para la sociedad ni riesgo para los elementos probatorios. Miriam Donato, otra de las integrantes del Comité Promotor del referendo, no asistió a la audiencia y tendrá que esperar a que se le fije fecha de una nueva citación para imputación de cargos.
Según la Fiscalía, aunque la Registraduría expidió un comunicado en el que avaló un número de firmas válidas, la solicitud de referendo no cumplió con todos los requisitos de ley. No obstante, dijo el ente acusador, Giraldo fue a la Cámara de Representantes y llevó la certificación, haciéndola pasar como oficial, engañando a los congresistas. Por otra parte, los gestores del referendo se sirvieron de la empresa privada Colombia Primero, firma que siempre controlaron, para recaudar fondos y patrocinar la propuesta reeleccionista.
En esencia, los integrantes del Comité Promotor gastaron durante la campaña de recolección de firmas más de $2.000 millones, suma que supera más de seis veces lo autorizado por el Consejo Nacional Electoral ($335 millones), y tampoco es legal que existan contribuciones de una organización no facultada por el Congreso, como Colombia Primero.
En criterio del ente acusador, se presentaron documentos que pretendían burlar los topes “para contar con recursos ilimitados y privilegiar o favorecer la propuesta de reelección presidencial”, como lo expresó la Corte Constitucional.
Al respecto, el representante a la Cámara Germán Navas, quien instauró la demanda contra los promotores del referendo, aseguró: “Por fin se está haciendo justicia y esto que se hizo ha debido hacerse hace un año, si no hubiese sido porque el fiscal de entonces, Mario Iguarán, cambió a la fiscal que sí trabajaba, por un fiscal que no hizo nada”.