Aunque el texto final se publicará el próximo 4 de junio, ha trascendido que los tres ejes hablan de “impunidad disfrazada, elegibilidad política a responsables de delitos atroces y nivelación de las Fuerzas Armadas con las Farc”. En este sentido, el propósito es que el expresidente Uribe lidere la recolección de las firmas de respaldo a dicho documento, que llevará el título de “No más” y que en esencia exhorta al gobierno de Juan Manuel Santos a no permitir que haya pequeñas condenas para los guerrilleros responsables de delitos de lesa humanidad y narcotráfico.
Pero la pregunta es si el uribismo estaría violando la Constitución y la ley con este plan. La tesis del exmandatario es que esta oposición “sistemática” se ajusta a las normas legales, porque sólo busca ejercer la oposición en la calle con la firma del documento para así adelantarse a los procesos electorales que vendrán sobre la paz. “Nosotros tenemos que sumar un gran grupo de ciudadanos que digamos no a la entrega de Colombia a las Farc”, explicó.
El inicio de la “resistencia civil” de Uribe, sin embargo, llevó a reversar la decisión del Centro Democrático de promover un referendo para adelantar las elecciones de 2018 y así acortar el mandato de Santos. El objetivo ahora es centrar los esfuerzos en conseguir apoyo para el “No más”. En la contraparte, el Gobierno también dio inicio a la campaña para lograr la refrendación popular de los acuerdos de La Habana. El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, quien tildó de “delirante y peligrosa” la propuesta de Uribe, anunció que en septiembre los ciudadanos irán a las urnas a votar el plebiscito por la paz. Lo cierto es que, de un lado o del otro, la última palabra la tendrán los ciudadanos.