Así sería la nueva arquitectura electoral

Gustavo Torrijos - El Espectador

La creación del Consejo Electoral Colombiano y de la Corte Electoral como pilares fundamentales de una nueva arquitectura institucional del sistema. Listas cerradas a Senado, asambleas y concejos, y mixtas en el caso de la Cámara de Representantes. Y un modelo de financiamiento de la política preponderantemente público, con aportes directos e indirectos y con costos reducidos de las campañas, además de mayores y efectivos controles de gastos. Estos son los ejes de la propuesta que la Misión Electoral Especial —instancia creada a la luz de los acuerdos de paz con las Farc— le presentó al país desde Cartagena, en el marco de una cumbre política que contó con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, los jefes de los partidos, magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Consejo de Estado, el registrador nacional y varios ministros del despacho, entre otros.

El objetivo, según el documento de la Misión, apunta a construir organismos electorales sólidos, legítimos y profesionales; mejorar la calidad de la representación política, con un énfasis en las oportunidades para jóvenes, grupos étnicos y mujeres; impulsar un sistema de organizaciones políticas fuerte, menos personalista y clientelista, abierto a nuevas expresiones, y promover un sistema de financiamiento que reduzca los costos de la actividad política y genere transparencia. En esencia, establecer un sistema electoral más sencillo para la ciudadanía, los candidatos y los organismos electorales, y que incentive la participación. O, en palabras del mismo presidente Santos: “Lograr el mejor sistema electoral posible”, en el entendido de que no existe en el mundo uno que sea perfecto.

El Consejo Electoral Colombiano entraría a cumplir las funciones del Consejo Nacional Electoral, hoy desgastado y sin credibilidad. Estaría a cargo de una directiva de cinco miembros de origen no partidista, elegidos para un período de ocho años, con equilibrio de género, a través de ternas (no se especifica quién o quiénes las presentarían) y posteriormente por cooptación. Este consejo asumiría las funciones técnicas, logísticas y administrativas de planificación, organización y ejecución de los procesos electorales, tendría presencia permanente a nivel departamental y municipal, manejaría el registro civil y el censo electoral, y estaría a cargo de los temas de educación ciudadana, cómputo y difusión de resultados. Es decir, abordaría las tareas electorales que hoy cumple la Registraduría, que se quedaría sólo con lo concerniente a la identificación de los ciudadanos.

La Corte Electoral, por su parte, sería la encargada de la totalidad de la jurisdicción electoral. Estaría integrada en la estructura de la Rama Judicial, con autonomía, con la misión de resolver los asuntos del contencioso electoral según las exigencias pertinentes: especialización, plazos cortos, doble instancia en los casos que así lo requieran y árbitro de las disputas entre partidos. Además, asumiría las tareas que hoy tiene la Sección Quinta del Consejo de Estado, es decir, tendría que definir asuntos como separación definitiva del cargo, pérdidas de la investidura y pérdidas del cargo de los elegidos por voto popular. Su composición sería de seis tribunales regionales con tres magistrados de carrera y, a nivel nacional, cinco magistrados, también sin origen partidista, con las mismas condiciones en cuanto a tiempo y escogencia que los del Consejo Electoral Colombiano.

El segundo eje de la propuesta de la Misión se mete directamente con el sistema político. Lo que se plantea es que el Senado sea de circunscripción nacional, elegido en lista cerrada y bloqueada mediante el método de representación proporcional. La idea es lograr una simplificación del sistema para partidos, electores y la misma autoridad electoral, que además se traduzca en la reducción significativa de los costos de campañas. Las listas cerradas aplicarían igualmente para asambleas y concejos. Las organizaciones políticas deberán definir las candidaturas y los puestos en las listas, de acuerdo con mecanismos democráticos internos. En cuanto a la Cámara de Representantes, se proponen 200 escaños, elegidos departamentalmente (mínimo cuatro representantes), a través de un sistema mixto que combinaría lista plurinominal cerrada y distritos uninominales, diseñados por la autoridad electoral, en base a parámetros establecidos en la ley.

La propuesta de la Misión Electoral Especial en materia de financiación pide un incremento en el aporte estatal directo a los partidos, que además se incremente en las épocas electorales así: un anticipo del 50 % antes del proceso (40 % con base en resultados precedentes y 10 % de manera equitativa) y 50 % después de la elección (sobre los resultados). Por otra parte, los recursos que reciban las organizaciones políticas deberán guardar criterios de equidad y democracia interna frente a los jóvenes y las mujeres. Como mecanismos indirectos de financiamiento se habla de las pautas en los medios de comunicación y transporte público en las jornadas electorales.

Un punto clave es el de los topes de campaña. El documento presentado ayer sólo habla de buscar un control más efectivo en ese ítem y en las rendiciones de cuentas para que las normas se cumplan. Incluso, el presidente Santos habló de crear una especie de Unidad de Información y Análisis Financiero electoral que se dedique a hacerles seguimiento a los gastos de las campañas y a detectar la triangulación que hoy se presenta. “Los costos de las campañas han generado una dinámica de corrupción y mal uso de la democracia. Hay que ponerle coto a eso”, enfatizó. En un mes se dará a conocer la propuesta definitiva de la Misión, pero hay algo claro en lo que se hizo énfasis ayer en Cartagena: la necesidad de que haya un amplio consenso político, social e institucional para sacar adelante la reforma, de tal manera que se genere confianza en la ciudadanía y que los actores involucrados se comprometan de verdad a respetar su letra y sobre todo su espíritu.