Audiencia pública en protección de La Macarena y la seguridad alimentaria

Cortesía Partido Liberal

El representante Ángelo Villamil, del Partido Liberal, presidió una audiencia pública en el Congreso este jueves con el fin de pedir la presencia integral del Estado en los territorios del Área de Manejo Especial de La Macarena (Meta), conocido mundialmente por albergar a Caño Cristales, considerado por muchos como uno de los ríos más hermoso del mundo.

“La resolución 1558 de 2014, que emana la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), le da a la empresa Hocol S.A. la licencia para explorar hidrocarburos en esa zona. Eso afecta a poblaciones netamente agrícolas como Granadas, Lejanías o El Castillo. Estos produjeron solo en 2012 más de un millón de toneladas de alimentos”, explicó el congresista.

Para Villamil, se necesitan políticas públicas que eviten la explotación petrolera en las reservas naturales de La Macarena y el Ariari. “El Amem, además de su valor ambiental, tiene recursos como minería y el petróleo cuya explotación resulta de alto impacto para los ecosistemas, las áreas protegidas, y los 19 bloques petroleros constituye una gran amenaza para biodiversidad”, señaló el congresista.

Asimismo, exigió a las autoridades ambientales que se revoquen las licencias de exploración de hidrocarburos en más de 160 pozos ubicados en esta región del país y advirtió al Gobierno Nacional la urgencia de tener en cuenta que la vocación del suelo de estos territorios no es petrolera.

“Las empresas petroleras deben respetar el medio ambiente; acabamos con la guerra de las armas y nos queda la guerra por la defensa de los ecosistemas”, concluyó Villamil.

Hace menos de un año se desató un escándalo en el país luego de que este diario publicara que la Anla le había dado vía libre, a través de la resolución 0286 del 18 de marzo de 2016, a la explotación de hidrocarburos en la serranía de La Macarena, una actividad que iba a afectar, sin duda, a Caño Cristales y los ríos Guayabero, Duda y Lozada.

En el episodio se produjo la suspensión de la resolución por parte del Gobierno Nacional y concluyó con la renuncia de Fernando Iregui, director de la Anla en ese momento.