Aurelio Iragorri, gobernador (e) del Valle del Cauca

El alto Consejero Presidencial reemplazará al suspendido gobernador Useche.

El Espectador
30 de marzo de 2012 - 10:33 a. m.

El Gobierno Nacional designó este viernes al alto Consejero Presidencial para asuntos Políticos, Aurelio Iragorrí Valencia, como gobernador (e) del Valle del Cauca.

Así lo dio a conocer el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien informó que estará encargado de la gobernación a partir de este viernes.

¿Por qué la salida de Useche?

El Gobierno Nacional dará cumplimiento al fallo que sanciona en segunda instancia al gobernador del Valle, Héctor Fabio Useche, por el detrimento patrimonial en la Industria de Licores del Valle.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, al ser preguntado por la suerte del gobernador, respondió que el Gobierno Nacional acatará la decisión de la Contraloría General de la República, que solicitó la suspensión de su cargo del mandatario departamental.

“Esa es una decisión de un órgano de control, en este caso la Contraloría General de la República, que al Gobierno Nacional no se le ha notificado esa providencia, pero cuando eso suceda y quede en firme, se procederá a darle cumplimiento”, explicó Vargas Lleras.

Héctor Fabio Useche deberá dejar el cargo de gobernador del Valle del Cauca a partir de la próxima semana pues el fallo de la Contraloría General de la Nación implica que fue hallado corresponsable, junto con otras 17 personas, del detrimento patrimonial por $40.767 millones que sufrió la Industria Licorera del Valle (ILV).

Useche incurrió en una falta gravísima al lesionar el patrimonio público del Departamento, según el fallo de la contralora Sandra Morelli.

De hecho, a mediados de febrero, la contralora delegada intersectorial, Luz Ángela Martínez, informó que los bienes y cuentas bancarias del gobernador del Valle, Héctor Fabio Useche, fueron embargados por su presunta responsabilidad fiscal en dicho detrimento patrimonial.

La medida del ente de control tenía como fin recuperar parte del detrimento patrimonial causado por anomalías en contratos dentro de la compañía licorera. Éstos fueron ejecutados en 2008, cuando Abadía era gobernador y Useche hacía parte de tal administración.

 

 

Por El Espectador

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