Durante los últimos siete meses, Colombia ha vivido el período menos violento en la historia del conflicto que padece desde hace más de 50 años. Una disminución de acciones ofensivas que obedece, en gran medida, a la adopción por parte del Gobierno y las Farc de medidas de desescalamiento de la confrontación armada en el marco de las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana (Cuba). Pero, si bien es cierto que los bajos niveles de violencia han repercutido positivamente en territorios y poblaciones que han padecido la guerra, también lo es que la tarea apenas comienza y que, en materia de derechos humanos, todavía falta mucho camino por recorrer.
Así lo deja ver el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que será presentado hoy y que muestra una radiografía de los principales riesgos y desafíos estructurales que enfrenta el país de cara a un eventual escenario de posconflicto y en el proceso de construcción de una paz estable y duradera.
Las preocupaciones no son pocas e incluyen la violencia que pueden generar los denominados grupos armados posdesmovilización, la falta de coordinación de las entidades estatales, los altos índices de corrupción y la precaria presencia institucional en determinados territorios. Asimismo, las notorias deficiencias de la Rama Judicial; la destrucción, pérdida o deterioro de archivos de derechos humanos claves para los procesos de verdad, justicia y reparación, e incluso la ausencia de garantías para que las víctimas puedan incidir en la toma de decisiones.
Sobre el primer aspecto, por ejemplo, el documento de la ONU hace un llamado de alerta respecto a casos registrados en municipios como Tumaco (Nariño), Ayapel (Córdoba) y Turbo (Antioquia), en donde grupos ilegales han comenzado a ejercer control a través del uso de la violencia indiscriminada, convirtiéndose en una verdadera amenaza para la población civil y en un factor desestabilizante para la implementación de los eventuales acuerdos de La Habana, pues representan un claro riesgo para los futuros desmovilizados.
El fenómeno es inquietante para la ONU, sobre todo porque es claro que el fin de las hostilidades y la dejación de las armas por parte de las Farc ocasionará “vacíos de poder en espacios que intentarán ser copados por nuevos grupos ilegales que entrarán a disputarse el control de las rentas ilícitas derivadas de actividades como el narcotráfico, la minería o la extorsión”.
Las deficiencias institucionales también son otro tema con mucha tela por cortar. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado, no sólo hay dificultades persistentes por parte de las entidades estatales para “materializar de manera efectiva sus mandatos legales y traducir su acción en el cierre de la brecha entre lo dispuesto en la ley y en la política pública”, sino que además su eficiencia y credibilidad están consumidas por la percepción de corrupción y falta de transparencia que ha alcanzado incluso al sector seguridad, para el que se sugiere una reforma estructural.
Además de la necesidad de reconocimiento público de las responsabilidades por parte de las instituciones de seguridad en graves violaciones de derechos humanos como parte clave para la reconciliación, el informe pone sobre la mesa el debate sobre otros puntos claves: la creación de un ministerio para la seguridad pública, la depuración de personal vinculado a violaciones de derechos humanos o casos de corrupción, la modernización de la Policía, mayor transparencia en el gasto del sector, la reforma del Código de Policía, control civil de empresas privadas de seguridad y armas y replanteamiento de funciones de las Fuerzas Militares.
“En algunos países que salieron de un conflicto armado, el apoyo militar en tareas de seguridad pública se volvió permanente, lo que socavó el fortalecimiento, los presupuestos y la efectividad de las entidades policiales y generó ciclos de inseguridad”, señala el texto.
A estos aspectos se suman otros que plantean grandes desafíos para el Estado y que cobran especial relevancia en medio del proceso de paz de La Habana. Tal es el caso de la atención y reparación de las víctimas, un tema en el que —a juicio de la ONU— las deficiencias son fuertes y se ven claramente reflejadas en las regiones y en la falta de acción de autoridades locales, que en muchas ocasiones carecen de recursos suficientes, capacidad técnica y voluntad política.
Eso sin contar con que hay políticas, como la de reparación colectiva, que no han dado los resultados esperados: “No ha logrado su principal propósito de reparar los daños colectivos, brindar herramientas para transformar la desigualdad, violencia, estigmatización y brindar oportunidades para reconstruir tejido social y condiciones de no repetición en las comunidades afectadas”.
En pocas palabras, aunque en los últimos años Colombia ha logrado importantes avances en derechos humanos, aún falta mucho por hacer en la materia, sobre todo si lo que se busca es la sostenibilidad de la paz a futuro a través de la construcción de una sociedad justa y equitativa. Los desafíos son enormes, pero las oportunidades para mejorar son aún más grandes.