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El punto de construcción de paz, que no es condicionado por el Gobierno a la firma de un acuerdo de paz con las guerrillas, está enfocado concretamente en la reparación a las víctimas y en la reintegración de antiguos miembros de grupos armados ilegales a la sociedad. La meta más ambiciosa es gestionar la atención y reparación de 100.000 afectados por el conflicto en el cuatrienio. Hoy, en tres años de aplicación de la Ley de Víctimas y con recursos en su mayoría nacionales, cerca de 500.000 personas han surtido completamente la ruta de reparación.
En cuanto al desarrollo rural sostenible, apunta a gestionar, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, recursos y asistencia técnica extranjera para hacer proyectos productivos sostenibles en las zonas rurales donde persiste el conflicto y los márgenes de desigualdad son mayores. Las proyecciones son de 15.000 familias rurales que generen ingresos a través de estos programas que, anticipa el Gobierno, podrían contar con la asesoría y participación de empresas privadas.
El punto de conservación ambiental busca ponerse a tono con la preocupación de la comunidad internacional por el cambio climático y se aplicaría en el 100% de las áreas protegidas. Como en el caso del desarrollo rural, este objetivo está enlazado con la ilusión de la paz pues, dicen en el Ejecutivo, en la medida en que el Estado pueda llegar a territorios donde hoy se libra la guerra, podrá pedirle a la comunidad internacional que destine recursos para estas zonas.
Por otro lado, Alejandro Gamboa, director de la Agencia de Cooperación, dice que con la firma de un acuerdo de paz con las guerrillas va a haber un mayor apoyo de la cooperación internacional para efectos de la implementación del posconflicto, pero pide al país que no se llame a engaños.
“El mundo está muy sombrío. El único conflicto que puede solucionarse en el corto plazo mediante una vía negociada es el colombiano, y por eso estamos seguros de que, cuando se concrete un acuerdo, va a haber un mayor compromiso de la comunidad internacional. Sin embargo, los cooperantes también nos han dicho que somos un país de ingreso medio alto y por eso no vamos a recibir flujos mucho más grandes”, advirtió Gamboa. Es decir, hay que ser conscientes de que la paz la financiarán, sobre todo, los colombianos.
Uno de los problemas que tiene el Gobierno es que no todos los cooperantes registran su ayuda y esto impide canalizarla o monitorearla de manera efectiva. De tal manera que una de las principales tareas de la Agencia será incentivar a los países, los organismos multilaterales, las ONG y las organizaciones filantrópicas para que declaren sus ayudas y las enfoquen en las prioridades que trazó el Estado.
Hoy, de acuerdo con los registros, Colombia recibe US$520 millones al año en cooperación. Algo más del 60% se va en estas tres prioridades. Esencialmente construcción de paz y, en menor grado, desarrollo rural y conservación ambiental. El mayor aportante es Estados Unidos, seguido de la Unión Europea y Alemania y Suecia, cada uno por su lado.
Más allá de captar más recursos y dirigirlos en el propósito de la paz, otro objetivo del Gobierno es ahondar en la cooperación Sur-Sur. La idea es que Colombia amplíe sus acuerdos con países del Caribe, Centro y Sudamérica, el sudeste asiático y África para poder ayudar con experiencias que han resultado efectivas en el país, como las políticas de emprendimiento. Y, a la vez, trabajar por fortalecer relaciones con países como China, Turquía y Brasil, que han mostrado su interés en contribuir a la paz.